La Audiencia Nacional en 2011 no ha sido ajena a los efectos indirectos y a las consecuencias de la situación económica que atraviesa España. Así, un buen reflejo es el importante incremento de asuntos de delincuencia económica nacional e internacional, de gran trascendencia tanto para el sistema económico como para los ciudadanos, según la última memoria de esta institución dada a conocer a los medios informativos.

Como muestra de esa sofisticada delincuencia, que se ha investigado durante 2011, basta dirigir la mirada hacia el juzgado central de instrucción número 5 cuyo balance es especialmente llamativo: solo en ese juzgado constan actualmente más de 3.000 tomos de sumarios de delitos económicos.

En 2011, las investigaciones abiertas a la SGAE, Nueva Rumasa y la incorporación del sumario conocido como “Gürtel” aportaron más de 128 nuevos imputados, 827 tomos, más de 500 perjudicados y 158 partes personadas. Solo en el llamado “Caso Gürtel” la Fiscalía Anticorrupción presentó 462 informes, lo que se traduce en uno o dos informes cada día.

Pero si algún sumario refleja la magnitud de las investigaciones de delitos económicos investigados en la Audiencia son los llamados “Fórum” y “Afinsa”
(JCI 1) que en 2011 superaron los 400 tomos, 500.000 perjudicados y 418 personados.

El nuevo horizonte penal económico que se atisba desde la Audiencia Nacional es el de una mayor carga de trabajo en delincuencia económica. De hecho, en 2011 ingresaron 14 procedimientos de este tipo, el doble que en 2009.

Actualmente los juzgados de instrucción de la Audiencia investigan 41 causas de este tipo de criminalidad. Trabajan con la ayuda inestimable de la Fiscalía Anticorrupción, habituada a asumir macroprocesos de especial magnitud y complejidad.

Responsabilidad penal personas jurídicas

Dentro de esta nueva coyuntura, por primera vez se ha aplicado la reforma legal que permite dirigir la acción penal contra las personas jurídicas. En el
marco de las diligencias 159/11 el juzgado el juzgado central de instrucción 6 ha interrogado a 15 representantes de sociedades.

Ante este nuevo escenario la Sala de Gobierno entiende que cada vez cobra más sentido la existencia de la Audiencia y en la Memoria propone potenciar el
tribunal, redefiniendo sus competencias al objeto de proporcionar una mayor seguridad jurídica. Así, se sugiere que asuma la investigación de nuevas
realidades criminales como, entre otras, el tráfico de seres humanos o la delincuencia global ejercida a través de Internet

Tras la experiencia acumulada y los futuros “macrosumarios” económicos que se perfilan, la Sala de Gobierno entiende que ha llegado el momento de
precisar mejor el concepto material de defraudaciones, con objeto de perfilar qué se entiende por “producir grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio material en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.

También se quiere potenciar la actuación de la Audiencia Nacional dentro del espacio jurídico europeo e internacional para luchar contra las nuevas formas de criminalidad. Y así, aprovechar su experiencia como referente en la cooperación jurídica, como demuestra que durante 2011 se tramitaran en sus juzgados de instrucción 1.476 órdenes europeas de detención y 195 comisiones rogatorias.

En la Sala de lo Penal, sus cuatro secciones resolvieron 1.040 extradiciones y oeds, lo que supone un ligero aumento respecto al año
anterior. En línea con esta redefinición de competencias, la Memoria incluye un catálogo de nuevos delitos y de delitos ya existentes ampliados.

Si algunos delitos se incrementaron en 2011 otro tipo de investigaciones judiciales se redujeron. Así, los juzgados de instrucción ingresaron menos sumarios de terrorismo de ETA, si bien la Audiencia ha seguido tramitando los que ya estaban incoados y la Sala de lo Penal celebrando los correspondientes juicios (incluso más que en años anteriores, según se puede ver en un cuadro adjunto), algunos de ellos de especial trascendencia y complejidad
Año Juicios relacionados con ETA
2011     75
2010     65
2009     55
2008     43
2007     68
2006     89

Colaboración con Víctimas del Terrorismo
La Sala de Gobierno dedica un apartado a las víctimas del terrorismo en el que se explica que durante 2011, la Presidencia de la Audiencia Nacional ha
impulsado la investigación del paradero y estado de 349 atentados mortales de ETA, que, según los representantes de algunos de los principales colectivos de víctimas, estaban pendientes de resolución.

El listado, aportado por las asociaciones al Presidente de la Audiencia Nacional, se había extraído del libro Vidas Rotas, de los profesores Rogelio Alonso y Florencio Domínguez. El presidente se comprometió a estudiar individualmente todos los casos.

Desde Presidencia se solicitó la colaboración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Después de varios meses y de una ardua tarea de localización de
sumarios antiguos que no se encontraban físicamente en la sede de la Audiencia, el trabajo no ha concluido, aunque las primeras conclusiones
difieren sensiblemente a la situación de la que se partía con respecto a los 349 asuntos supuestamente sin resolución judicial. En esencia, los datos más
relevantes son los siguientes:

En 273 asuntos se había dictado resolución. De ellos, 99 sentencias y el resto sobreseimientos y archivos definitivos o provisionales. 24 asuntos se
encontraban en tramitación, pendientes de actuaciones (tales como Comisiones Rogatorias o extradiciones) e incluso algunos de ellos con juicio
señalado. En total, quedaban 52 asuntos pendientes de localizar, en su mayoría con una antigüedad superior de más de 20 años.

Actualmente la lista de atentados de ETA con causas pendientes de determinar se encuentra en pleno proceso de actualización. Desde la Audiencia Nacional se llevarán a cabo todas las actuaciones posibles para resarcir a las víctimas y proporcionarles la información que reclaman y que es de justicia ofrecerles a modo de homenaje.

La Sala de lo Contencioso resolvió 7.052 asuntos durante 2011 frente a los 6.948 del año anterior, si bien la pendencia aumentó ligeramente debido al
incremento y la complejidad de los casos que tramitaron, algunos de ellos con gran trascendencia social y haciendo frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías.
Es el caso de la demanda de la Agencia de Protección de Datos contra Google por el denominado “derecho al olvido” en Internet, que los magistrados
resolvieron de forma novedosa y pionera al plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE si un particular tiene derecho a reclamar la supresión y bloqueo de informaciones en los buscadores de Internet relativas a su persona. Y también las apelaciones contra el cierre de páginas web en litigios por la protección de la propiedad intelectual.
Los efectos de la crisis también se han hecho notar en la Sala de lo Social, cuyas competencias se han incrementado notablemente al tener que ocuparse
del control de las resoluciones administrativas de los expedientes de regulación de empleo, suspensión del contrato y reducción de jornada, derivadas de
causas económicas o técnicas cuando tenga efecto en más de una comunidad. Pese a ello, sus números de resolución se han mantenido similares a los de
años anteriores.

“La competencia de la Sala Social, por tanto, se sitúa en el centro de gravedad del derecho colectivo del trabajo de manera que el resultado eficiente de su
trabajo permitirá resolver colectivamente litigios estratégicos de las relaciones laborales, contribuyendo, de este modo, a ordenar colectivamente el mercado de trabajo, requisito fundamental para la modernización de nuestro sistema productivo”.

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