La Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios ha revocado una sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de Alicante con apoyo en el Derecho y en la Jurisprudencia comunitaria, reparando con 24.000 euros los perjuicios ocasionados a varias empresas de cosmética que sufrieron un suministro no autorizado.

Así, la sentencia de instancia estimaba que se habían infringido los derechos exclusivos de la actora, al vender el demandado productos distinguidos con las marcas propiedad de la primera manipulados o alterados defectuosamente en su presentación. No obstante, el Juzgador negaba la existencia de infracción marcaria por la comercialización on line de productos auténticos, no alterados ni manipulados, que habían sido previamente comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, por considerar que el derecho de su titular había quedado agotado.

En el recurso presentado ante la Audiencia, se alegaba por la actora que sus productos eran comercializados por un sistema exclusivo de distribución, amparado por la correspondiente autorización administrativa de los órganos de defensa de la competencia, razón por la que era de aplicación la excepción contenida en el párrafo 2º del artículo 13 Reglamento de Marca Comunitaria, a saber, que el agotamiento del derecho marcario, alegado en primera instancia, no sería de aplicación “por existir motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

La sentencia de la Audiencia Provincial no cuestiona la existencia del agotamiento inicial del ius prohibendi del titular de las marcas dada su previa comercialización de los productos marcados. Ahora bien, sí estima la clara concurrencia de motivos legítimos que justifican la aplicación de la excepción desprendida del artículo 13.2 del Reglamento, por constituir el mismo un precepto númerus apertus que contiene una excepción general -la existencia de motivos legítimos justificadores de la oposición por el titular a la comercialización de productos con signos agotados- y un ejemplo no limitativo de justificación de la oposición -modificación o alteración de los productos tras la comercialización inicial-.

En el caso en concreto, los motivos legítimos se concretan en el hecho de que la venta de los productos de perfumería objeto de litigio están sometidos a una autorización singular para el contrato-tipo de distribución selectiva, debiendo radicar la cuestión en si la mercantil demandada -que no cumple tales condiciones de distribución-, infringe con ello los derechos de imagen de la marca de la parte actora y, por tanto, si queda ésta autorizada a ejercer su facultad de exclusión o ius prohibendi.

Al respecto, la Audiencia Provincial establece que no obstante haberse producido el agotamiento del derecho, “la pluralidad de condiciones en la comercialización de los productos de determinadas marcas constituye, en ocasiones a modo primario, en otros, de modo sobrevenido, un auténtico cuño de calidad que se proyecta de modo directo e inmediato sobre la marca, al punto que el consumidor de productos de alta gama, alía a la adquisición o goce del producto, determinados servicios que no con ser complementarios, dejan de ser naturales en la gama de que se trata, revirtiendo sobre la imagen misma del producto aquello que en principio resulta ser o nace como elemento complementario al producto”.

El criterio que, en consecuencia, adopta la Audiencia en el caso objeto de estudio es que la reventa no encauzada por los distribuidores autorizados o en las condiciones básicas que justifican la especialización de la distribución, supone per se un menoscabo a la imagen del producto que escapa a ese canal de comercialización. En efecto, la equiparación on-line de una marca a otra “sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualación negativa de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación de productos que desvalorizan la imagen de aquellas”.

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