La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la infidelidad sexual no puede ser considerada un hecho ilícito para sustentar una condena por daño moral.  

Por lo general, la infidelidad es considerada la mayor traición que se le puede cometer contra el otro miembro de la relación amorosa. Cuando se conforma una pareja, en la mayoría de los casos (a excepción de las parejas abiertas), inconscientemente los sujetos que la integran firman un contrato implícito que implica lealtad, exclusividad y respeto.

El pacto de fidelidad es uno de los pilares básicos en los que se sustenta una relación de pareja tradicional. Específicamente, la infidelidad sexual es un tipo de infidelidad en la que existe acto sexual pero las personas involucradas no experimentan un profundo apego emocional necesariamente.

El criterio de la Suprema Corte entiende que este juramento de fidelidad no es algo que le corresponda a la ley sino a la intimidad de la misma pareja; obviamente, sigue siendo un factor determinante para un divorcio, pero no precisamente debe ser penalizado.

En sesión de noviembre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 183/2017, a propuesta de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.  La Sala estableció que la infidelidad sexual en el matrimonio, por sí misma, no puede ser considerada un hecho ilícito para efecto de sustentar una condena por daño moral.

Al resolver el amparo, la Suprema Corte concluyó en la reciente resolución que el ser infiel en el matrimonio únicamente puede provocar la disolución del mismo, pero no puede generar una sanción económica o de otro tipo, pues no se trata de un hecho ilícito. Por ello, en casos de infidelidad sexual por parte de uno de los esponsales las demandas para indemnizar económicamente a su cónyuge por daño moral no son procedentes.

En el mencionado fallo, el altísimo tribunal aclaró que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo en la que tiene cabida la autonomía de la voluntad de los cónyuges y cuya observancia no puede ser exigida coactivamente; por ende, el control estatal necesariamente se ve disminuido en cuanto a la imposición de consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial.

Para la Sala resulta importante considerar que el deber conyugal de fidelidad está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo que se presupone entre los consortes, aspecto de la vida conyugal que se circunscribe a la intimidad de la pareja, de manera que los acuerdos conforme a los cuales deciden vivir la vida en común atañen a ambos y preponderantemente son inherentes a ese ámbito.

Bajo esa premisa, la conducta de infidelidad sexual en el matrimonio solo trae consigo la asunción de la consecuencia jurídica de la eventual disolución del vínculo, pero no es susceptible de un reproche bajo las reglas de la responsabilidad civil para dar lugar a una condena económica por el posible daño a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación