Hay que ampliar las posibilidades de elección del ciudadano y no restringirlas a la hora de elegir cómo solucionar sus conflictos.

Por Jesus M. de Alfonso, Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona.

La proyectada desaparición del arbitraje de equidad con la privación del acceso de los españoles al arbitraje de equidad, como pretende el anteproyecto del Ministerio de Justicia, implica dar un paso atrás. Perdiendo el arbitraje de equidad, que tiene una larga trayectoria en nuestra tradición legal, se pierde un valiosísimo instrumento para resolver conflictos aliviando, pero sin separarse, del rigor de la ley, y además reduce el abanico de posibilidades de resolver un conflicto. Si bien es cierto que el arbitraje de equidad es perfectible nada justifica que se prive al ciudadano de él ni que se reduzca como se pretende a consumidores y a extranjeros.

Ya los romanos se dieron cuenta de que la aplicación rigurosa del derecho podía producir situaciones inequitativas e incluso contrarias al recto sentimiento de lo justo. Se pretende suprimir así lo que ha sido el origen del arbitraje y, más paradójicamente aún, la reforma que se pone en marcha desde el Ministerio de Justicia limita el acceso a los extranjeros y a los consumidores españoles para materias de consumo. No se trata de un empeño conservacionista, se trata de ampliar y no reducir las posibilidades para que el ciudadano español pueda elegir cómo solventar un conflicto sin pasar por los juzgados.

La aparición de la mediación, con lo que parece justificarse la desaparición del arbitraje de equidad, no tiene nada que ver pues nadie puede obligar a nadie a ponerse de acuerdo y las partes pueden preferir que en lugar de recortar sus derechos, alguien neutral les diga quién tiene razón (arbitraje) y que lo haga moderando el rigor de la ley. Y ello no puede presentarse como que implique que se desconozca la ley, que haya menos garantías o que se pueda ignorar lo que dice un contrato.

Por tanto, se trata de una pérdida preocupante, injustificada e injustificable como lo pone de relieve que el anteproyecto no se ve capaz de suprimirlo totalmente dejándolo en unos aspectos donde también es eficaz (consumidores) o porque no puede desconocer que haya una verdadera tradición jurídica internacional que pondría a España fuera de las tradiciones arbitrales, por ello se permite su uso a los extranjeros.

El anteproyecto que impulsa la mediación de forma extraordinaria, no debe de hacerlo en detrimento del arbitraje y menos aún cuando el arbitraje pertenece a la libertad contractual de los ciudadanos a los que se le deben facilitar alternativas y no quitárselas.

En puridad hay que ver con buenos ojos la voluntad del Ministerio de aliviar la carga de trabajo de los tribunales de justicia ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de acceder a métodos alternativos como son la mediación y el arbitraje aunque la primera no garantiza la resolución efectiva del conflicto sino la creación de una oportunidad, lo que es una tentativa explorable.

Es una magnífica ocasión la que provee el Ministerio para extender el arbitraje e incorporar las tendencias actuales que esperamos que el Ministerio no va a dejar escapar consciente como es de la importancia de los medios alternativos. El arbitraje societario, extraordinariamente útil por la rapidez en ofrecer una solución a la crisis societaria, debería extenderse y no limitarse o ponerle trabas.

El anteproyecto tiene aspectos en los que se mejora el arbitraje pero contiene otros muy preocupantes puesto que implican de hecho un severo retroceso de las conquistas del mundo arbitral y, por tanto, de la libertad de los ciudadanos. Desde el Tribunal Arbitral de Barcelona esperamos que sean subsanados por lo que se han hecho llegar ya iniciativas y comentarios al Ministerio con el fin de colaborar en aumentar la oportunidad que representa el arbitraje sobre todo para los empresarios y particulares que no desean acudir a los tribunales o la naturaleza del conflicto no permite esperar años y años”.

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