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«Parte del sector financiero sigue suscitando dudas en los mercados», anunció la vicepresidenta segunda, Elena Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el decreto Ley de Reforzamiento de la Solvencia Financiera.
Los nuevos requerimientos de capital para bancos y cajas entrarán en vigor en marzo de 2011 con el objetivo de que las entidades puedan mantener la concesión de crédito y con ello el crecimiento de la economía y del empleo hasta en los momentos «más adversos e improbables», explicó.
La norma establece una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en el 20% del capital y disponen de una dependencia de financiación mayorista de más del 20%. Las necesidades de capital adicional del sistema financiero español no superan los 20.000 millones de euros, enfatizó Salgado.
El decreto, en línea con los requisitos de la regulación internacional de Basilea III, establece que las entidades que no alcancen dichos niveles de capital mínimo por sus propios medios antes del próximo 30 de septiembre recibirán recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que supondrá la entrada del Estado como accionista.
Los elementos que integran el capital principal son: capital, reservas, primas de emisión, ajustes positivos por valoración e intereses minoritarios. Además, se considerarán también capital los recursos recibidos del FROB y, de forma transitoria, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014.
Las entidades que a 10 de marzo no alcancen el nivel requerido de capital principal tendrán 15 días hábiles para comunicar al Banco de España la estrategia -que puede incluir la captación de recursos de terceros o la salida a bolsa- así como el calendario de cumplimiento.