La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ve muy positiva la admisión a trámite por parte del Juzgado de Lleida de su denuncia ante la supuesta externalización fraudulenta de la inspección tributaria provincial. Un paso que supone un avance muy importante contra el abandono que sufren desde hace décadas en España las Haciendas Públicas locales, según se pondrá de manifiesto durante el XXV Congreso de ANIHPL que tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre en Alicante.
Para ANIHPL, que viene denunciando este problema desde hace años, consolidar dicha externalización, que ya se da en centenares de municipios en España, implica la “expulsión” del empleado público municipal y provincial de las funciones inspectoras, cuyas graves consecuencias amenazan los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general.
En opinión de los Inspectores de las Haciendas Públicas Locales, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los Tribunales una intromisión ilegal en el ejercicio de las funciones de la misma. Recuerdan que el personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad y que la tarea de las empresas adjudicatarias no se limita, como consta en los contratos, a asistir a las entidades locales, sino que los trabajadores de estas compañías realizan requerimientos a los contribuyentes, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras, e incluso llegan a conocer los planes reservados de la Inspección; más grave todavía, en ocasiones los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección.
Parálisis administrativa
Los Inspectores de la Hacienda Local explican que son prácticas ya juzgadas como fraudulentas por distintos tribunales que abocan a la judicialización permanente y a la parálisis administrativa: muchas veces, como vienen resolviendo los tribunales, se declara la nulidad de las actuaciones cuando las empresas asumen funciones de inspección tributaria, en lo que viene a conocerse como la tramitación de expedientes “en la sombra”.
Y es que la externalización fraudulenta conlleva una vulneración de varias leyes fundamentales del ordenamiento jurídico empezando por las normas que regulan la función pública española, los contratos en el sector público, el régimen local o la Ley General Tributaria. Todas estas disposiciones reservan a los empleados públicos las tareas vinculadas al ejercicio de autoridad y de potestades administrativas. Igualmente, el Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que la lucha contra el fraude fiscal es un mandato para los poderes públicos, los cuales deben ser especialmente vigilantes y eficaces, con máximo respeto a los derechos y garantías de los contribuyentes.
Para ANIHPL, esta situación es una nueva evidencia de que las haciendas locales son las “grandes olvidadas”. De hecho, al igual que la externalización de la inspección, los tributos locales se mueven en una inseguridad jurídica continua, como es el caso del Impuesto sobre la Plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el de Actividades Económicas (IAE), y más recientemente, el caso de la Tasa de Residuos, deficientemente regulada por el legislador español e implantada con el pretexto de una inexistente exigencia europea, que sí ordena cumplir objetivos medioambientales pero no, necesariamente, mediante una tasa local, tal como afirmó la propia Comisión Europea.
Elaborarán un informe frente a la externalización
Un agravio que vulnera permanentemente los derechos de los contribuyentes y perjudica al interés general. Ello, lógicamente, incide en los resultados económicos y en la labor ejemplarizante de la lucha contra el fraude fiscal.
Por todo ello, ANIHPL elaborará a lo largo del próximo año 2026 un Informe sobre la Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España, que ya afecta a cientos de municipios que, ya sea directamente o por medio de las Diputaciones Provinciales, externalizan sus servicios.
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) defiende el papel de la inspección tributaria local en la lucha contra el fraude y en la mejora de la concienciación fiscal de los contribuyentes. Constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 1/2002, aboga por una modernización tributaria que prestigie la Administración local y la labor de sus empleados públicos. Tiene capacidad jurídica y carece de ánimo de lucro.
