Dos décadas después de convertirse en el primer presidente de origen obrero de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reasumió el cargo este domingo.
Lula fue el presidente más popular de Brasil, y dejó el cargo con un índice de aprobación superior al 80 por ciento. Luego cumplió 580 días en prisión, de 2018 a 2019, por cargos de corrupción.
Los cargos de corrupción fueron relacionados con aceptar un departamento y renovaciones de empresas de construcción que licitaban contratos gubernamentales.
Después de que esas condenas fueran anuladas porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que el juez del caso de Lula había sido parcial, se postuló de nuevo para la presidencia, y ganó.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó las riendas del gobierno brasileño el domingo en una elaborada toma de posesión, pero faltaba una persona clave: Jair Bolsonaro, el presidente saliente de extrema derecha.
Bolsonaro cuestionó durante meses la confiabilidad de los sistemas electorales de Brasil, sin pruebas, y cuando perdió en octubre, se negó a reconocerlo inequívocamente. En una especie de discurso de despedida el viernes, rompiendo semanas de un silencio casi absoluto, dijo que trató de impedir que Lula asumiera el cargo, pero fracasó.
Lula calificó el gobierno bolsonarista como un «proyecto de destrucción nacional», en un Congreso donde los partidarios del exmandatario son mayoría (el Partido Liberal de Bolsonaro tiene la mayor bancada de diputados: 99 de los 513 escaños).
El líder del Partido de los Trabajadores dijo que asume un país en «terribles ruinas« con una situación de «desastre» social y económico. Añadió que el diagnóstico que recibió de los encargados de la transición con el gobierno anterior «es espantoso».
En su discurso, donde dijo que la democracia había sido la «gran vencedora» de las elecciones, Lula aprovechó para analizar otras problemáticas que aquejan a Brasil como la miseria, la violencia y la deforestación de la Amazonía.
«Nuestras primeras acciones pretenden rescatar a 33 millones de brasileños del hambre y rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileños», señaló el mandatario.
Con respecto a la inseguridad en el país, se comprometió a revocar los decretos penales que amplían el acceso a armas y municiones.
«En los últimos años en Brasil tanto militares como policías estuvieron involucrados en cuestiones de política partidaria con una radicalización ideológica muy preocupante y no será fácil cambiar esto», dice. «El riesgo es que esta politización se convierta también en una amenaza para la democracia».
