La Ley de alimentación acumula casi 12 años de retraso en el Congreso, señala estudio del IBD.
En 2011 se reformó la Constitución para reconocer el derecho a la alimentación y desde entonces está pendiente su ley secundaria.
El 13 de octubre del 2011 fue publicada la reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, el Estado mexicano reconoce constitucionalmente que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
Hablar del derecho a la alimentación adecuada es hablar del derecho fundamental por antonomasia, puesto que en la medida en que una persona no es capaz de consumir el agua y los alimentos suficientes y adecuados para el correcto funcionamiento de su ser físico y psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer sus demás derechos fundamentales. A pesar de este hecho tan evidente, en México casi 28 millones de personas carecían de acceso a alimentación adecuada en 2012, lo que representa un agravamiento de la situación si lo comparamos con los 23.8 millones de personas que padecían por esta carencia en 2008 (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval).
El 19 de septiembre pasado, el Senado aprobó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y la turnó a la Cámara de Diputados para su revisión.
La legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente del Congreso desde el 2011, año en el que se reformó la Constitución para reconocer el derecho de toda persona la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, según un documento realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El análisis sobre la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible, elaborado por la investigadora Concepción Torres Ramírez, señala que esta ley reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario y a tener acceso a alimentos inocuos y de calidad que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada ciclo vital.
Además, ordena que las dependencias de gobierno realicen al menos el 15% de sus compras de alimento e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escala.
Por otro lado, se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos.
De acuerdo con el estudio del IBD (El documento del IBD se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6085) la Ley General de alimentación Adecuada y Sostenible implica una reorganización institucional sin erogaciones adicionales de presupuesto y destaca que considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación.
