La CNDH se pronunció por el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, además de garantizarles acceso al aborto legal.
En el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra de la criminalización que sufren las mujeres cuando se ven orilladas a la interrupción de un embarazo.
La CNDH reconoce que la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a sus derechos fundamentales, y considera que esta situación vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Lo entiende como un quebrantamiento de los derechos relativos a la igualdad y la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Por ello, esta institución exhorta a todas las entidades del país a que, en el marco de sus competencias, garanticen el aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres para el acceso a una ciudadanía plena y una vida digna.
Este Organismo Autónomo recordó que la violencia cometida contra los cuerpos de las mujeres y la doble victimización por embarazos no deseados e impuestos a lo largo de la historia, originó múltiples movimientos, cuya principal demanda es el acceso irrestricto a la ciudadanía y a la autonomía sobre el propio cuerpo.
Actualmente solo la Ciudad de México (a partir del 2007) y el estado de Oaxaca (a partir del 2019) consideran la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, garantizando la autonomía reproductiva de las mujeres.
La Comisión estima que es digno de reconocimiento el hecho de que sólo en dos estados las mujeres puedan decidir sobre su vida, su sexualidad y la continuación o interrupción de un embarazo.
En los 30 restantes, se les ha negado a las mujeres el acceso a este derecho y la Comisión los acusa de ser «corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos.”
“Lo anterior no sólo provoca una situación de discriminación jurídica y de injusticia social, también naturaliza la violencia institucional contra las mujeres con argumentos basados en prejuicios, religiones y posiciones personales por encima de los derechos humanos, la laicidad y el mandato constitucional de la igualdad y la no discriminación.”
“Por otro lado, aunque en todas las entidades federativas existen causales de no punibilidad que permiten el acceso al aborto seguro y legal, como: el embarazo por violación, el grave daño a la salud de las mujeres, las malformaciones congénitas del producto, el riesgo de vida de la mujer, el imprudencial, por razones económicas, y otras más, en la práctica se imponen múltiples barreras para que en los cuerpos de las mujeres decidan otros, nunca ellas.”
“El desconocimiento que existe por parte de las autoridades y del personal de salud respecto a sus obligaciones para cumplir con la ley y atender a las mujeres que solicitan un aborto en el marco de alguna de las causales de no punibilidad, aunado a los servicios públicos de salud insuficientes, deficientes, de mala calidad y poco accesibles para amplias capas de la población, así como los mitos, estereotipos del personal de salud hacia las mujeres que se atreven a solicitar el servicio, impiden el acceso al aborto legal y seguro”, sentenció la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Fuente: Comunicado de Prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
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