La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó los límites para el acceso a datos de telecomunicaciones con control judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversas fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece como obligación para concesionarios y autorizados la conservación de datos, geolocalización en tiempo real, entrega de información a autoridades y bloqueo de señales de telecomunicaciones.

El Pleno determinó que dicha obligación no implica la conservación del contenido de las comunicaciones, sino únicamente la información vinculada con la prestación del servicio.

Precisó que esta medida se encuentra prevista por la ley y persigue un fin constitucionalmente válido, tal como lo es la seguridad pública y la procuración de justicia, además de estar sujeta a los mecanismos de protección de datos y controles judiciales.

En ese sentido, concluyó que la obligación es compatible con los derechos a la privacidad y protección de datos personales, porque la posible entrega de información a autoridades debe interpretarse de conformidad con el artículo 16 constitucional, así como con la jurisprudencia obligatoria emitida por el Alto Tribunal.

El acceso de las autoridades a los datos conservados requiere autorización judicial federal fundada y motivada, en la que se identifiquen las personas, el periodo y las razones que justifican la entrega conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Corte reiteró su criterio de que la geolocalización en tiempo real de equipos terminales constituye una medida distinta a la intervención de comunicaciones privadas, ya que únicamente permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil y no el contenido de las comunicaciones ni los datos derivados del proceso comunicativo.

Esta medida debe ajustarse al control judicial, esto es, provenir de una autoridad legalmente competente, constar en un mandamiento escrito que explique su fundamento y motivos, y cumplir los términos establecidos en las leyes. Por ello, concluyó que dicha facultad no vulnera los derechos a la privacidad, la protección de datos personales ni el debido proceso.

Una autorización judicial para geolocalizar un teléfono no habilita a escuchar llamadas ni leer mensajes, y viceversa. Cada medida debe pedirse y justificarse por separado. En ambos casos, obtener esta información sin la debida orden de un juez convierte la prueba en ilícita dentro de un proceso penal.

La geolocalización brinda la siguiente información:

1.- Ubicación aproximada del dispositivo (mediante antenas o radiobases), fecha, hora y duración de la conexión.

2.- Los datos las conservan las compañías telefónicas en sus registros operativos durante un plazo legal.

3.- Permite reconstruir rutinas y movimientos del usuario del dispositivo telefónico.

4.- Requiere orden judicial fundada que justifique su necesidad y proporcionalidad.

Solicitar el contenido de las conversaciones, es completamente diferente. Las empresas de telecomunicación pueden ser intimadas a revelar el audio de las llamadas (escuchas telefónicas) o el texto y archivos de los mensajes privados.

Las operadoras no suelen grabar las llamadas; requiere una intervención en tiempo real o una extracción forense del equipo.

Además, conlleva un grado de invasión máximo a la privacidad de las personas, ya que expone la intimidad directa y el secreto de las comunicaciones. Por lo que esta medida exige una orden judicial con estándares aún más estrictos, generalmente reservada para delitos graves.

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