Se publicaron ajustes a las Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado que endurecen los modelos de cumplimiento basados en el análisis de riesgo, trazabilidad y monitoreo continuo de operaciones
La Ley Antilavado en México, oficialmente conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), busca proteger el sistema financiero y la economía nacional. Regula actividades comerciales no financieras consideradas vulnerables, obligando a identificar clientes, conservar registros y reportar operaciones al SAT y a la UIF.
Los objetivos principales de este tipo de regulación consisten en prevenir el ingreso de dinero ilícito. Así, evita que recursos de origen ilegal se integren a la economía formal o al sistema financiero.
Por otro lado, traslada la responsabilidad a los comerciantes y profesionales para que verifiquen el origen de los recursos en transacciones de alto valor.
La normativa obliga a negocios como inmobiliarias, compraventa de autos, casinos, criptomonedas, blindaje y servicios notariales a identificar a sus clientes y reportar operaciones que rebasen ciertos umbrales ante el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
También se prevén beneficiarios para las entidades controladoras al exigir identificar a las personas físicas reales que se benefician o controlan una empresa (a partir del 25% del capital), cerrando el paso a prestanombres usados por los cárteles.
Por otro lado, pone la mira sobre las Personas Políticamente Expuestas (PPE). Incrementa la vigilancia sobre exfuncionarios o personas vinculadas tanto en México como en el extranjero para evitar desvíos y contubernios financieros.
El Código Penal Federal (artículo 400 Bis) también castiga el uso de recursos de procedencia ilícita con penas severas de prisión y multas económicas a quienes encubran o faciliten el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
La reforma a la Ley Antilavado en México (LFPIORPI) y las nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda se debaten y endurecen principalmente para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que realiza su quinta ronda de evaluaciones mutuas al país.
México busca demostrar efectividad y alinearse con las normas globales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo ante la revisión del organismo internacional. Se extienden los controles y reportes a sectores como desarrollos inmobiliarios, proveedores de activos virtuales (criptomonedas) y profesionales jurídicos.
Las empresas y sujetos obligados deben implementar un enfoque basado en riesgos, sistemas automatizados de monitoreo, auditorías anuales y capacitación continua del personal.
Oficialismo y aliados (Morena) defienden la medida como una herramienta indispensable contra el crimen organizado, mientras que legisladores de oposición han señalado riesgos de exceso de regulación, afectaciones a pequeñas y medianas empresas (pymes) e incertidumbre jurídica.
