La presidenta reveló que su vecino del norte ha negado 36 solicitudes urgentes de extradición a México por falta de pruebas
Las extradiciones entre México y Estados Unidos se rigen por un tratado bilateral, funcionando como un mecanismo clave de cooperación penal, aunque la relación reciente muestra tensiones debido a exigencias probatorias y soberanía nacional.
El tratado bilateral que rige las extradiciones entre México y Estados Unidos es el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 4 de mayo de 1978 en Ciudad de México. Entró en vigor el 25 de enero de 1980, obligando a ambas partes a la entrega recíproca de personas reclamadas por delitos.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos es uno de los instrumentos más importantes de cooperación internacional en materia penal entre ambos países.
Este tratado se aplica a delitos que sean punibles en ambos países con privación de libertad, y no se concederá si el delito es político, según el tratado disponible en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El acuerdo bilateral obliga a ambos países a colaborar en la entrega de personas acusadas de delitos graves. Sin embargo, diferencias legales, criterios de prueba y factores políticos pueden frenar o retrasar los procesos de extradición.
Este acuerdo establece la obligación de extraditar a individuos cuyos delitos sean sancionados en ambas jurisdicciones con al menos un año de prisión. Este principio, conocido como doble incriminación, implica que la conducta por la que se solicita la entrega debe ser considerada delito tanto en México como en Estados Unidos.
Entre los ilícitos contemplados se encuentran el narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, corrupción, así como la tentativa, la asociación y la participación en estos delitos.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó la mandataria Claudia Sheinbaum.
“Le voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, precisando que serían 36 casos los que se presentarán públicamente la próxima semana.
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló, subrayando que la asimetría en el trato no puede ser el estándar de la relación bilateral.
La posición del gobierno mexicano no es política sino constitucional: si hay pruebas suficientes en el marco del sistema penal acusatorio, se procede. Si no las hay, no se procede.
La presidenta refirió que la defensa de la soberanía nacional, anclada en el artículo 39 constitucional, es el principio rector que guía cada decisión en este caso, por encima de cualquier cálculo político o coyuntural.
