Diputados solicitan reconocer a niñez indígena y afromexicana en Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Páez Güereca advierte que no hay políticas públicas dirigidas a este sector de la población y no tienen apoyos suficientes.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen, y a la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.
En consecuencia, la diputada María de Jesús Páez Güereca (PT) propuso reformar la fracción III del artículo 1 y el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para reconocer a la niñez indígena y afromexicana.
La iniciativa plantea establecer en el artículo 10 que las niñas, niños y adolescentes, pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, gozan de los derechos reconocidos en este ordenamiento.
Propone eliminar la parte final de la fracción III del artículo 1, que se refiere a los derechos “que hayan sido vulnerados”, toda vez que dicho texto resulta redundante y restrictivo al condicionar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siempre y cuando hayan sido trasgredidos.
En su fundamentación señala que el texto vigente se refiere a la población afromexicana de manera muy escueta, poco clara e imprecisa y en términos distintos de la niñez indígena, a pesar de los avances obtenidos con la reforma constitucional al artículo 4° en materia de derecho de estas personas.
La iniciativa refiere que con estas reformas se busca evitar vacíos o lagunas jurídicas que lleven a imprecisiones en la aplicación de derechos fundamentales de la niñez afromexicana.
Por otro lado, indica que actualmente no existen políticas públicas dirigidas a este grupo y tampoco tiene apoyos suficientes para producir; además, considera que la ausencia de leyes sobre su reconocimiento y protección es un obstáculo para resguardar sus derechos.
La población y comunidades afrodescendientes han sido discriminadas e invisibilizadas por la sociedad, los marcos jurídicos, registros administrativos y políticas públicas, lo que ha dificultado el reconocimiento y la garantía de sus derechos, identidades y la realización de sus proyectos de vida.
No obstante, reconoce que, a través de diversas reformas, la Cámara de Diputados, ha construido un marco jurídico que permite proteger a estas personas de los abusos a los que, en muchos casos, son sometidas.
Finalmente, destaca que en los últimos años se han realizado diversas acciones que han permitido comenzar a visibilizar a estas poblaciones y comunidades, lo que ha dado pie “a su inclusión en la esfera pública, política y social”, así como su integración en los Censos Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de Población y Vivienda 2020.
