El Consejo General de la Abogacía Española muestra su preocupación por los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y pide que se corrijan cuanto antes para evitar los riesgos para las víctimas.
La Abogacía considera que los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, dados a conocer por la Fiscalía General del Estado en su Memoria Anual 2024, requieren una solución urgente porque se trata de posibles quebrantamientos de zonas de exclusión – de agresores y de penados – que no sólo ponen en riesgo la vida de la víctima, sino que pueden alterar la causa criminal al haberse perdido datos de los registros de esos dispositivos electrónicos.
“Estos dispositivos son clave en la protección de las víctimas”, recuerda Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía, que recuerda que la confianza en esta red institucional es fundamental: “No cabe un mínimo fallo en este asunto”.
La Abogacía considera que el buen funcionamiento de estas pulseras se trata de una cuestión trascendente para garantizar, no sólo la protección real de las víctimas sino también su tranquilidad y la confianza en un sistema que, hasta ahora, viene funcionando.
La incidencia, detectada tras el cambio de empresa en la gestión del servicio —del operador Telefónica a Vodafone—derivó en un vacío de datos de varios meses. En concreto, la Fiscalía avisó en su Memoria de “gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios”.
Estos dispositivos, pieza esencial del sistema VioGén, actualmente dan cobertura a más de 45.000 mujeres en España.
La Abogacía ya reclamó el año pasado, en las XII Jornadas de Violencia de Género celebradas en Toledo que se reforzaran los recursos para el seguimiento y protección de las víctimas, así como desarrollar sistemas de detección temprana que den respuestas más inmediatas y eficaces.
La Abogacía también insiste en que la seguridad de las víctimas de maltrato no debe depender solo de las pulseras telemáticas, sino también del acceso cercano a la justicia. Por eso recuerda que la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025, “podría abrir la puerta”, como advirtió en julio el presidente de la Subcomisión, “a la centralización del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer, lo que obligaría a las víctimas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad”.
