Por Paula Hernández, abogada de ECIJA.

La idea de que la protección de datos obstaculiza la libertad de información o de expresión, o que sirve para proteger a los políticos que se amparan en ella para no aportar la información que los jueces y tribunales les exhortan con el fin de esclarecer casos de corrupción, son algunas de las afirmaciones que se encuentran en la red, en la mayoría de los casos permaneciendo como fuente documental sin que nadie (o muy pocos) se atrevan a poner en entredicho informaciones publicadas por periódicos de tirada nacional cuyos columnistas camuflan su desconocimiento bajo mezclas de sensacionalismo jurídico.

En ese sentido, este artículo pretende aportar un poco de precisión en eso de la LOPD y los periódicos:

En primer lugar la Constitución Española (CE) garantiza en su Artículo 18 el Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, mientras que el Artículo 20 reconoce y protege el Derecho (i) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (ii) a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (iii) a la libertad de cátedra y (iv) a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Por su parte la Directiva 95/46/CE, en su artículo 9 relativo al tratamiento de datos personales y libertad de expresión, establece que cuando la finalidad sea exclusivamente periodística o de expresión artística o literaria, los estados miembros establecerán, exenciones y excepciones, siempre que sea necesario para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión.

Y así ha procedido España, concretamente el intérprete supremo de la Constitución, que no es otro que el Tribunal Constitucional, con numerosas sentencias que establecen como regla general la prevalencia del Artículo 20 CE, si bien para que el derecho a la información prevalezca habrá de cumplir los siguientes requisitos:

VERAZ: Que la información objeto de publicación sea verdadera.

NOTICIABLE: Que resulte de relevancia pública

PERSONALIZACIÓN NECESARIA: Que la inclusión de datos de carácter personal sea necesaria, es decir imprescindible para la correcta comprensión del alcance de la noticia.

El carácter necesario o no de los datos de carácter personal vinculados a una noticia supone, en muchas ocasiones, una evaluación exhaustiva del caso concreto, así la STS de 18 de Febrero de 1999 estimó que existía un delito de revelación de secretos por haber difundido, un periodista, la identidad de unos internos de la prisión de Las Palmas con objeto de denunciar la presencia de enfermos de sida en la cocina de la prisión.

“Puesto que lo noticiable [señala la sentencia] era la mera presencia de enfermos de sida en la cocina de la prisión, no la identidad de los mismos”.

También la Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto. Especial atención merece la SAN de 9 de Julio de 2009, en la que se trata el conflicto entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la protección de datos de carácter personal. La sentencia versa sobre la publicación de imágenes de una víctima de los atentados terroristas del 11 de Marzo de 2004 con ocasión del aniversario del antedicho suceso.

Pues bien, en el caso referido se considera que no se encuentra amparado en la libertad de información pues se produce un tratamiento desmedido de la imagen, ya que la información no se veía alterada sin las imágenes.

En lo que respecta al uso del derecho a la protección de datos como escudo para políticos corruptos varios, cabe señalar el TC establece, ya desde el año 2003, en sentencia de 8 de mayo (STC 85/2003), con respecto a la publicación de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, que la vida política es una actividad que por su naturaleza se desarrolla en la esfera pública e implica la renuncia a mantener ese aspecto de la vida personal alejada del publico conocimiento.

Recordemos que los datos de los personas físicas cuando se encuentren prestando un servicio en un entidad jurídica no se encuentran amparados por la LOPD, por lo que lamentablemente para algunos, no les protege el derecho a la protección de datos cuando éstos se encuentren vinculados a la actividad profesional que desempeñan, al menos en los casos tasados por el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. En cualquier caso los datos habrán de ponerse a disposición de jueces y tribunales toda vez que éstos así lo requieran.

A modo de conclusión, como regla general prima el derecho a la libertad de información siempre que la publicación de datos de carácter personal aporte valor noticiable a la información difundida, tal y como indica la Agencia Española de Protección de Datos su informe 0132/2010, donde, bajo el mismo criterio, indica que cuando la inclusión de los datos identificativos de las personas a las que la sentencia se refiere no aporten ningún valor noticiable a la información difundida, debería procederse a la previa anonimización o disociación de la sentencia.

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