El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín presentó recientemente un proyecto de ley que optimiza el Registro de Ofensores Sexuales que promete ser discutido con urgencia, en consonancia con el compromiso del gobierno con la niñez.

El registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales de menores permite saber si una persona está inhabilitada para trabajar con niños por alguna de las siguientes causas: violación, abuso sexual, actos de connotación sexual y producción de pornografía, entre otras.

Este registro de inhabilitados también incluye a las personas que cometan el delito de sustracción de menores y robo con violencia o intimidación, cuando una de las víctimas hubiese sufrido la violación siendo menor de 14 años.

El Ministro de Justicia y Derecho Humanos, Hernán Larraín, sostuvo el compromiso asumido por el gobierno con la niñez y celebró particularmente el avance en la firma de diversos tratados de entrecruzamiento de información de las personas destinados a proteger a los niños.

“…el gobierno, cumpliendo sus compromisos con la niñez y particularmente con los acuerdos de la niñez que se firmaron, ha enviado en noviembre recién pasado un proyecto de ley que también toma medidas para asegurar que este registro esté siempre actualizado”, añadió el Ministro Larraín haciéndose referencia al Registro de Inhabilidades para trabajar con niños y al Registro de Ofensores Sexuales.

Entre las principales innovaciones que trae este acuerdo sobre mejoras al Registro de  Ofensores Sexuales consiste en establecer el deber de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad a quienes cometan delitos sexuales contra ellos.

Asimismo, este acuerdo incorpora una regla excepcionalísima que permite a los fiscales impugnar aquellas sentencias anteriores a la firma del convenio, que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua.

Por otro lado, el Fiscal Nacional tendrá el compromiso de emitir un Informe Anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán dar publicidad al informe en sus respectivas páginas web institucionales, resguardando los datos de carácter personal.

Así también, el convenio exige a la Corte Suprema de Justicia el dictado de un protocolo para comunicar las sentencias de condena al Registro Civil, con el objetivo de mantener actualizado el Registro General de Condenas. Complementario a éste, el proyecto crea un Registro de Inhabilitaciones Perpetuas, que puede ser consultado.

Finalmente, en paralelo con el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se prevé que las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, puedan acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con esto, El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá la potestad de fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos  previamente.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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