Por Gabriela Gutierrez, abogada.

En el BOE de 31 de Octubre de 2009 quedó publicada la Ley 12/2009, de 30 de Octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. La misma supone la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de tres Directivas de la CE (Directiva 2004/83/CE, 205/85/CE, 2003/86/CE), si bien se aprovecha esta integración para introducir novedades que en algunos casos representan un recrudecimiento de la situación en que viven refugiados potenciales y en otros un avance o mejora en su tratamiento.

La Ley, en su artículo primero, llama la atención con la exclusión de la posibilidad de solicitar asilo por parte de los ciudadanos de países de la Unión Europea, vulnerándose así la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, constituyendo ambas normas la referencia fundamental del régimen jurídico internacional para la protección del refugiado y en las que se recoge la prohibición de establecer limitaciones geográficas en la obtención de condición de refugiado.

En un intento de identificar a aquellas personas necesitadas de protección, se amplia ésta a motivos no sólo de raza, religión, nacionalidad, política o grupo social, sino igualmente a motivos de género u orientación sexual. Bajo mi punto de vista, en respeto a los principios más básicos de la dignidad humana y en favor de la prohibición fundamental de discriminación. De igual forma, destacar el fortalecimiento del amparo de los menores de edad, en lo que la Directiva europea tuvo preocupación en llamar “interés superior del niño”, ante casos reales de abusos cometidos con éstos como el sometimiento a trabajos forzosos, reclutamiento de niños durante los conflictos armados, matrimonios forzados, prostitución o pornografía infantil, ablaciones femeninas, etc, incluyéndose la forma jurídica de «persecución infantil».

Novedosa también es la introducción de los criterios para que los solicitantes de protección internacional puedan acogerse a la protección subsidiaria, y para los supuestos en que no se reúnan los requisitos para el reconocimiento de asilo o condición de refugiado, reglándose su definición (artículo 4) y estatuto jurídico (artículo 10 a 12) a condiciones (daños graves), causas de exclusión (comisión de delitos de paz, guerra o contra la humanidad y delitos graves) y causas de denegación (peligro o amenaza para la seguridad del Estado).

Se reconoce igualmente como consecuencia de la obtención del derecho de asilo y protección subsidiaria, la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, si bien el tratamiento que otorga la ley a tal reconocimiento es el de mero privilegio, mientras la Convención de los Refugiados de 1951 lo contempla como un autentico derecho.

Desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España en las misiones diplomáticas o embajadas españolas en el extranjero, si bien serán los embajadores españoles los que puedan promover el traslado del solicitante del asilo a nuestro país para iniciar los trámites de petición y protección. Mientras que la Directiva Europea estimula la ampliación del marco de agentes protectores dirigiéndolo no sólo hacia el Estado, sino también a partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales que controlen una región o una zona de cierta magnitud dentro del territorio del Estado, desde la norma interna se limitan precisamente las facultades de protección que puedan asumir estos altos funcionarios del gobierno en el extranjero.

Se fijan causas de exclusión para la obtención de la condición de refugiado, como la comisión de un delito grave tal y como lo define el Código Penal, pero siempre que afecte a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la integridad de las personas o el patrimonio, realizados con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas y los supuestos de delincuencia organizada; y causas de denegación en peligros para la seguridad de España o amenazas para la comunidad, conceptos éstos muy genéricos que nos llevan invariablemente a recurrir a la definición parcial que de ellos hace la Directiva, como la pertenencia a una asociación que apoye el terrorismo internacional o la respalde.

Destacar detalles tales como la concesión del estatuto de refugiado a los miembros de la familia; derecho a la asistencia jurídica gratuita e interprete; la suspensión del proceso de retorno, devolución, expulsión o extradición mientras se tramita el expediente de solicitud; derecho a asistencia sanitaria y a prestaciones sociales. En las solicitudes en frontera, el Ministerio de Interior en el plazo de 4 días desde su presentación, deberá admitir o no a trámite o denegar la solicitud, plazo éste que podrá verse ampliado a diez días cuando ACNUR así lo solicite (procedimiento abreviado). Fuera de éstos plazos el procedimiento se convertirá en ordinario, incluido el de resolución de la petición de reexamen o el recurso de reposición. El solicitante permanecerá en dependencias habilitadas, suspendiéndose la ejecución de la devolución a su país de origen durante la tramitación, debiendo solicitarse expresamente tal suspensión del acto recurrido.

Cuando haya sido denegada la solicitud de asilo o la protección subsidiaria, se podrá solicitar la revisión del expediente por el que se denegó siempre que aparecieran nuevos elementos probatorios que así lo justificaran, remitiéndose el artículo 29 de la Ley a la L 30/1992 de RJAP y la LAPC, entendiendo que el recurso más apropiado para tal finalidad es el Recurso Extraordinario de Revisión.

Finalmente la Ley recoge el compromiso del Gobierno de participar en los programas de reasentamiento en España de refugiados de ACNUR, acordando anualmente el número de personas que podrán ser objeto de este reasentamiento, pudiendo disfrutar del mismo estatuto que los refugiados reconocidos.

En conciencia, cualquier medida adoptada y destinada al enriquecimiento del estatuto del refugiado y sus garantías es siempre bienvenida, sin embargo, aún resultan insuficientes atendiendo a las necesidades reales de este colectivo, tal y como publica ACNUR en la última encuesta de 2.008 del GNA. En necesario una mayor implicación nacional e internacional con objeto de salvar todos los problemas globales de migración y asilo, por tanto esta Ley puede estar sujeta a mejoría y precisa de un Reglamento que la desarrolle y la dote de contenido adicional.

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