Por Juan Oñate Dancausa, abogado del departamento de procesal / concursal de Cuatrecasas Gonçalves Pereira y presidente del Club Internacional de Abogados Corporativos.

En este tercer artículo voy a tratar la cuestión que posiblemente más quebraderos de cabeza está dando a nuestros jueces. Se trata la falta de una previsión legal que resuelva el tratamiento que merecen los concursos de persona física sin masa activa.

Una parte muy importante de los concursos de persona física que tramitan los Juzgados de lo Mercantil no tienen masa activa o tienen una masa activa insuficiente para hacer frente a los costes inherentes del concurso (honorarios del letrado, del procurador, de los administradores concursales, costes por la publicación de los diversos anuncios etc).

Ante esta situación, y dado que la Ley Concursal no establece como causa de inadmisión de la demanda la inexistencia de masa activa, nuestros tribunales están adoptando dos posturas muy diferentes.

Algunos Juzgados de lo Mercantil están admitiendo los concursos de personas físicas sin masa activa. Otros, sin embargo, no admiten este tipo de concursos.

Los Juzgados Mercantiles que están admitiendo a trámite las solicitudes de concurso de persona física sin masa activa defienden que estas solicitudes deben admitirse por cuatro razones: (i) porque si se cierra la vía concursal a un acreedor cuya solicitud de concurso cumple todos los requisitos legales se está lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a acceder al proceso de dicho acreedor (ii) porque de esa manera el deudor puede cumplir con la obligación legal de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su situación de insolvencia (iii) porque si se tramita el proceso concursal podrá verificarse si existen, vía acciones de reintegración o vía acciones de responsabilidad contra los administradores, bienes reintegrables a la masa activa y, por último, (iv) porque si la Ley Concursal no establece una previsión legal al respecto es porque el legislador no quiso, conscientemente, limitar el acceso al proceso concursal en función de la cuantía del activo.

Por el contrario, los Juzgados de lo Mercantil que no admiten concursos de persona física sin masa activa justifican su decisión aduciendo que no tiene sentido tramitar un concurso que está abocado al fracaso desde el inicio. Su razonamiento es sencillo. Se preguntan: ¿Qué va a ofrecer el deudor persona física a los acreedores si no hay masa activa? ¿Qué bienes van a liquidarse si no existen bienes? ¿Quién va a pagar los honorarios de los administradores concursales, del abogado y del procurador si no hay masa activa?, y por último, ¿Si se ejercita una acción de reintegración, quien va a pagar los honorarios de la administración concursal y las costas?

Si bien, los argumentos utilizados por ambas corrientes jurisprudenciales son sólidos (no es razonable que se tramiten procedimientos concursales sin la garantía de que se van a atender los gastos del proceso y tampoco es razonable que no se admitan solicitudes de concurso que cumplen todos los requisitos legales), lo cierto, y en estos coinciden la mayoría de los agentes jurídicos, es que la situación actual no puede continuar.

En mi opinión, hay una posible reforma, además de la ya adoptada de constituir un fondo de garantía para sufragar los gastos del concurso que no puedan ser atendidos por el concursado, que podría servir para atajar este problema. Esta reforma consistiría en modificar las competencias atribuidas por la Ley Concursal y por la LOPJ a los Juzgados de lo Mercantil, de manera que estos Juzgados dejen de ser competentes para conocer de los concursos de personas físicas (con o sin masa activa) y sea otro tipo de organismo público quien, con base en un procedimiento más sencillo, ágil y barato, se ocupe tramitar y resolver estos concursos. Por ejemplo, se podría crear una institución arbitral similar a la que contemplaba el Proyecto de Ley 622/000012 de Prevención del Sobreendeudamiento familiar de 4 de noviembre de 2004 para que resolviese este tipo de insolvencias.

En definitiva, sean cuales sean las reformas que finalmente se implementen para solventar este vacío legal, resulta evidente que las mismas deben implementarse con carácter urgente porque la actual situación está provocando serias disfunciones en nuestros Juzgados.

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