El Código Penal resultante de la reforma aprobada en 2015 y mediante el nuevo desarrollo del artículo 31 establece la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De tal manera que la comisión de un delito por parte de determinadas personas en el desarrollo de la actividad de la empresa no solo afectará a esas personas si no que podrá imputarse también a la propia empresa, como persona jurídica.

responsabilidad penal -diario juridico-

Se trata de una extensión de la responsabilidad penal más allá de los actores de los hechos, por entenderse que la empresa también es responsable de los mismos, por acción directa o por omisión del deber de prevenir esos actos.

Es por ello que se pueden dar dos situaciones diferentes de imputabilidad a las personas jurídicas: cuando los hechos son cometidos por sus representantes o en los casos en los que se hayan cometido por otras personas que pertenezcan a la empresa (trabajadores, socios, etc.) y ésta haya incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, que deberán estar recogidas en las normas de actuación de la organización.

Hay que destacar que el primer presupuesto de imputabilidad se produce cuando en el desarrollo de la actividad de la empresa se cometan alguno de los delitos tipificados en dicho artículo 31 y los ilícitos realizados supongan un beneficio para la empresa. Este beneficio puede ser directo, por ejemplo la obtención de un beneficio empresarial, o bien indirecto, como puede ser un ahorro de costes.

Los actos que pueden dar origen a la imputación y posterior condena de la persona jurídica serán aquellos que conlleven la comisión de los delitos siguientes:

  • Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis CP)
  • Trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (art 189 bis CP)
  • Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 quinquies CP)
  • Estafa (art 251 bis CP)
  • Frustración de la ejecución (art 258 ter CP)
  • Insolvencias punibles (art 261 bis CP)
  • Daños (art 264 quarter CP)
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los consumidores y de corrupción en los negocios (art 288 CP)
  • Blanqueo de capitales (art 302 CP)
  • Financiación ilegal de partidos políticos (art 304 bis CP)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art 310 bis CP)
  • Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art 318 CP)
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art 328 CP)
  • Contaminación y exposición a radiales ionizantes (art 343 CP)
  • Delitos de riesgo producidos por explosivos y otros agentes (art 348 CP)
  • Delitos contra la salud pública (arts 366 y 369 bis CP)
  • Falsificación de moneda (art 386 CP)
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis 1 CP)
  • Cohecho (art 427 bis CP)
  • Tráfico de influencias (art 430 CP)
  • Incitación al odio y la violencia (art 510 bis CP)
  • Terrorismo (art 576 CP)

Las consecuencias directas de la condena a la persona jurídica por alguno de estos delitos son fundamentalmente económicas y consistirán en el pago de una multa, pero, en función de la gravedad de los hechos, podría llegar a decretarse, incluso, la disolución de la empresa.

El Código establece una serie de supuestos de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha exención podrá aplicarse si, antes de la comisión de cualquiera de los delitos mencionados, la empresas ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para la prevención de los mismos o bien para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

También estaría exenta de responsabilidad si los autores individuales de los delitos han ejecutados esos actos eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y si no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano supervisor.

La clave, por tanto, es que la empresa ha de diseñar ese modelo de organización y gestión, que ha de ser adecuado a sus circunstancias y actividades, de manera que se minimice en la medida de lo posible el riesgo de comisión de cualquier acto ilícito que pudiera llevar a su imputabilidad. Para establecer e implantar dicho modelo se han de observar una serie de condiciones.

El modelo de organización y gestión deberá identificar con claridad las actividades que la empresa realiza y en cuyo desarrollo puedan cometerse alguno de los delitos tipificados por el propio Código Penal. Además dichos modelos deberán fijar los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a dichas actividades. Así mismo se habrán de disponer modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de esos delitos.

Fuera de los supuestos de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se establecen, también una serie de atenuantes que podrán disminuir la pena impuesta a la empresa. En concreto si con posterioridad a la comisión del delito y antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella  se procede, a través de sus representantes legales, a confesar la infracción a las autoridades. También si se presta colaboración en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales correspondientes a los hechos.

Así mismo considerarán atenuantes si, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral, se procede a reparar o disminuir el daño causado por el delito. En  último caso será un atenuante si se han establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado habrá de confiarse a un órgano de la empresa con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la misma En los casos de empresas de reducida dimensión dicha labor de supervisión podrá encomendarse al órgano de administración de la empresa.


responsabilidad administradores -diario juridico-Autor: Miguel Rodriguez

Asesor de empresas y director del área legal de Rodriguez Buján Asesores S.L. Puedes seguir sus publicaciones en Twitter como @misterempresa

 

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