El Consejo de Ministros dio este viernes  luz verde, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta norma, que desarrolla el Real Decreto-ley 16/2012, tiene como objetivo garantizar la universalidad del derecho a la atención sanitaria pública para todos los españoles, así como para los extranjeros con residencia legal en España. “Hoy hemos dado un paso de gigante hacia la universalidad real de la sanidad”, ha asegurado la ministra, Ana Mato

El decreto, además, tiene como finalidad clarificar la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios a ciudadanos extranjeros, garantizando un mayor control y transparencia. También, asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de nuestra sanidad pública frente a las dificultades económicas, en la actualidad y en el futuro. “con esta norma, todos los españoles tendrán asistencia sanitaria siendo titulares de su tarjeta”, ha subrayado Mato.

Asimismo, pone fin a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación de asistencia sanitaria. En concreto, regula la condición de asegurado y de beneficiario. Junto a ello, la norma establece el procedimiento para reconocer la condición de asegurado, la cual se hará efectiva mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Esta tarjeta, en virtud de la Reforma Sanitaria recogida en el Real Decreto 16/2012, será interoperable en todos los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia, lo que redundará en la mejor asistencia a los enfermos y en la eficiencia en el uso de los recursos. Esto contribuye a cohesionar un auténtico Sistema Nacional de Salud con 17 servicios públicos.

Freno al turismo sanitario

La norma aprobada este viernes establece mecanismos para evitar el denominado “turismo sanitario”, y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud. El ahorro estimado por la corrección de las situaciones que han dado lugar a este fenómeno está en torno a los 1.000 millones de euros al año, que redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las CC AA por la asistencia a extranjeros. De este modo, además, la norma contribuye a garantizar la sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública.

Siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se impedirá que el SNS siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta, bien por sus instituciones de seguridad social en los países de origen, bien por sus seguros privados. Esta situación anterior erosionaba la capacidad financiera del sistema.

La norma, de este modo, establece una reciprocidad con los requisitos que se les exigen a los españoles cuando se trasladan a otro país de la UE para recibir atención sanitaria.

En cuanto a los extranjeros que residan en situación irregular, se les seguirá prestando asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, atención en el embarazo, parto y postparto y asistencia sanitaria a menores de 18 años. Se trata de una cobertura más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y de la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países.

Control de irregularidades

La puesta en marcha del nuevo sistema ha dado lugar a la consecución de “algo histórico”, en palabras de la ministra: una base de datos única a nivel nacional. Con ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario. Asimismo, se establecerá una vigilancia y control sobre posibles irregularidades, como las detectadas tras el cruce de datos con los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Empleo y Seguridad Social. Algunas de estas irregularidades son las siguientes:

§        800.000 titulares constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares.

§        200.000 de estas personas figuraban como beneficiarios de un pensionista, pese a ser activos, por lo que han podido tener acceso a medicamentos sin aportar el 40% que les correspondía.

§        Se han detectado 150.000 tarjetas sanitarias activas de personas ya fallecidas.

 

 

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