Por  Manuel Cobo del Rosal.    Catedrático de Derecho Penal

La influencia de las recomendaciones, sea de la índole que fueren de la Comunidad Europea han influido según dicen, para que se introduzca en la reforma del Código Penal del año 2010 una especie de pegote sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, esto no significa que dichas personas, por el simple hecho de incorporarlas al Código Penal cometan delitos.

No conozco los términos en que se produjo la Comunidad Europea sobre este concreto aspecto, debiendo tener en cuenta que no siempre son de acertada redacción técnica sus recomendaciones que no deben ni pueden ser tomadas al pie de la letra. La labor de su concreción en la legislación interna de cada país la debe realizar pues naturalmente cada Estado socio con posterioridad a través de sus órganos, legislativos, en este caso, las Cortes generales.

El legislador español, ni corto ni perezoso, ha introducido un amplio articulo, el 31 bis del Código Penal en donde pretende, a mi juicio, de la forma mas errónea posible voluntaristamente resolver la cuestión de la responsabilidad penal, así llamada, de las personas jurídicas. Pero, se ha olvidado de algo muy grave: tomar posición con respecto a los delitos que pudieran cometer dichas personas.

Hay que tener en cuenta que para que se genere y nazca alguna responsabilidad criminal, previa e inexcusablemente, se debe cometer por el presunto responsable penal, un delito, es decir un hecho punible, castigado con pena por una ley orgánica de naturaleza penal.

Si lo anterior es cierto ahora comienzan los gravísimos problemas que se plantean por tan insensata y apodíctica  reforma penal. Por que las personas jurídicas en nuestro Código Penal siguen sin cometer delitos de ninguna clase como no podía ser de forma alguna. Los delitos los cometen las personas físicas que no las morales, como es lógico y natural de acuerdo incluso con tan precipitada reforma.

Y digo precipitada,  por que no ha caído en cuenta tan acelerado legislador, que en la misma reforma del año 2010 modifico, en cierta medida el articulo 127 dedicado a las llamadas “consecuencias accesorias” de la pena que hubiese sido más propio el lugar sistemático de ubicación, debidamente formalizado del tema de las personas jurídicas cuyo representantes legales hubiesen cometido un delito en nombre o en su provecho de tales sociedades. Podemos calificar sin duda de autentico error la inclusión de la persona jurídica dentro del titulo  II relativo a las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas.

En ése titulo se recoge la definición general sobre los responsables criminales de delitos y faltas que son los autores y los cómplices (art.27). Y el articulo 28 define muy concretamente quienes pueden ser autores, cundo dice: “ son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores:

a)            Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b)           Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.”

Y con respeto a los cómplices dice el articulo 29 lo siguiente: “ son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el articulo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”

Y nada más.

De manera que nos encontramos con una responsabilidad penal (art.31bis), pero con la singularidad de que el responsable penal, ni ha cometido delito alguno ni es cómplice ni desde luego autor de delito o falta de ninguna clase. Así las cosas todavía tiene plena vigencia el principio de que “ las sociedades no pueden delinquir”. Pero el tema da para rato en su total y variada proyección.

De momento dudo que se pueda aplicar o se aplique el citado articulo 31 bis de reforma del año 2010. La Comunidad Europea puede estar muy contenta y tranquila con los legisladores españoles que han cumplido, de manera bizarra con su recomendaciones en materia penal.

 

 

 

 

 

 

 

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