Desde el 1 de septiembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.) está plenamente operativa. Esto marca un antes y un después en la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que obliga a empresas de 50 o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información, comúnmente conocido como canal de denuncias.
Hasta ahora, muchas empresas han postergado su implementación, amparadas en la falta de supervisión efectiva. Sin embargo, esta etapa ha concluido. La A.A.I. ya tiene capacidad para inspeccionar, requerir documentación y sancionar a las entidades que incumplan sus obligaciones. Las multas pueden alcanzar hasta un millón de euros, y además, los administradores podrían enfrentar responsabilidades personales por omitir de sus deberes de diligencia y supervisión.
La normativa penal y mercantil ya exigía a los órganos de gobierno una implicación activa en el cumplimiento normativo. Con la entrada en vigor de la A.A.I., la inacción en materia de canales de denuncia puede traducirse en consecuencias directas: desde la responsabilidad societaria por incumplimiento de la ley, hasta la responsabilidad individual del administrador por no haber implantado un sistema eficaz de prevención y detección de infracciones. A esto se suma el riesgo reputacional ante empleados, clientes y socios.
Contar con un canal de denuncias no significa tener un simple buzón de sugerencias o una dirección de correo genérica. El sistema debe cumplir con requisitos técnicos y legales, garantizar la confidencialidad y la protección de los datos, permitir denuncias anónimas, estar gestionar por personal cualificado e integrarse en un sistema de compliance más amplio. Además, debe prever protocolos de investigación interna, medidas de protección al informante, trazabilidad, archivo seguro y formación interna que asegure su correcto uso.
La activación de la A.A.I. convierte el canal de denuncias en una herramienta crítica para la protección jurídica de las empresas y sus órganos de gobierno. Implantarlo correctamente ya no es una opción: es una obligación legal con consecuencias reales.
Sobre el autor
- Héctor Déniz Guedes
- Responsable área Derecho Penal y Compliance
- AGM Abogados
