Por Lupicinio Rodríguez, socio director de Lupicinio Abogados

¿Qué Decano quieren los más de 60.000 abogados del Colegio de Madrid? Y sobre todo, ¿Qué Decano necesitan?

Hay muchos subsectores en el gran colectivo de Abogados de Madrid: abogados generalistas; artesanales; firmas generalistas medianas o grandes; “Boutiques” jurídicas especializadas; Abogados de empresa; Abogados del turno de oficio; Abogados en nómina de compañías controladas por las grandes auditorías; Altos funcionarios del Estado; Firmas extranjeras y Abogados no ejercientes. En la Abogacía hay muchos intereses no necesariamente convergentes. No es fácil que un candidato pueda defender, al tiempo, todos los intereses de todos los sub-sectores. Sin embargo, hay objetivos de interés objetivamente común entre todos los abogados con vocación de modernidad y de ética profesional.

Algunos candidatos, como Javier Cremades o Sonia Gumpert, han propuesto con resuelta firmeza una modernización de los procedimientos electorales y del ejercicio del derecho de voto en la Abogacía. Estas son cuestiones nucleares en la Abogacía y no la regionalidad o patrocinio –sin perjuicio de la necesaria transparencia- de los candidatos.

Parto de que el propio modelo de Gobierno –Gobierno de la lista ganadora- con exclusión de otras candidaturas,  puede tener sentido (no sin incertidumbres filosóficas) en la arena política del sistema mayoritario. No lo tiene  la Abogacía Española. La creación de un poder en las tierras medias –por evocar el reciente estreno de “The Hobbit”- se acomodaría bien al mandato del artículo 36 de la CE. Sería más sensato apostar por un modelo de representación proporcional donde todas las candidaturas participaran en la gestión o, cuanto menos, en la vigilancia de los gestores mediante un órgano intermedio.

En todo caso, los procedimientos de votos dejan mucho que desear. El  “voto electrónico” que, al parecer, ya funciona exitosamente en Málaga, sigue sin implantarse. Produce gran perplejidad constatar que en este siglo de las nuevas tecnologías no hayamos sido capaces de incorporar en el Colegio de Abogados de Madrid el voto electrónico. No propongo el uso del voto electrónico solo para las grandes decisiones –elecciones, juntas extraordinarias-, sino para aumentar la fuerza de la democracia directa en la Abogacía.  El voto electrónico permitiría una toma de la tensión arterial de nuestros Colegiados ante las  decisiones de difícil evaluación –personación en el caso de “Garzón”, servicio de salud, ad exemplum-. Al tiempo, las limitaciones -incomprensibles sin sustento legal-, al Derecho de Representación que se han sufrido en el Colegio de Madrid no son aceptables.

El Colegio, muchos Colegios profesionales, son hoy, desgraciadamente, organizaciones opacas en lo esencial: estado del sector y subsectores, evolución de los ingresos medios en la Abogacía, distribución de los ingresos según tipos de despacho e impacto de la crisis, desempleo y subempleo, presencia de extranjeros y Firmas extranjeras, minorías e igualdad, expedientes disciplinarios, especialidades crecientes o decrecientes,  jurisprudencia sobre abogados, gestión de la designación de los arbitrajes de Decano y de los arbitrajes de la Corte del Colegio, papel de las asociaciones y subvenciones a asociaciones.

Los abogados  sufren los desplantes y arrogancia de algunos jueces que no merecen su condición. En contrapartida también hay abogados con comportamientos impropios en Sala. Algunas prácticas como las entrevistas privadas de un letrado de una parte con el juez del caso deberían abolirse ipso facto. El nuevo Decano, como decía, debería impulsar la creación de un Defensor del Abogado que materializara el Amparo Colegial en un servicio de 24 h x 365 d. El Código relacional de Scevola sería un buen punto de partida.

La Abogacía vive una crisis soterrada y creciente. Las grandes Firmas defienden sus envidiables fortalezas y a veces se detectan prácticas inaceptables como el uso de  tácticas de dumping, presentando ofertas aterradoramente bajas y a bajo coste que podrían estar orientadas a la eliminación de los competidores más débiles.

Los bufetes medios viven preocupados por esa agresividad  presupuestaria de los grandes y por la competitividad personalista, de gran inmediatez, de los juristas  independientes.

Los juristas independientes,  grandes artesanos del Derecho, sostienen bien su presencia en el sector, recelosos a veces de las grandes marcas que captan los grandes asuntos sólo por la magnitud de la marca. La Abogacía de Madrid no es un todos contra todos (pues es una Abogacía elegante y respetuosa)  sino sobre todo,  un nadie con nadie. La Abogacía es un tejido sin tensión ni comunicación interna, sufriendo resignadas acometidas y asaltos de diferentes orígenes.

Los auditores, exempli gratia, no cejan en su empeño de penetrar y crecer en un sector que no les pertenece. Las compañías de auditoría defienden un status quo basado en su conocimiento de las entretelas del mercado. La Unión Europea debiera prohibir las actividades consultoras y los servicios legales, pero no lo hará. Los Decanos históricos, que han contado con los votos de las grandes firmas de auditorías, no se han alineado todavía (en nuestro conocimiento) con neo-regularadores de Bruselas que piden la prohibición sobre los auditores de ejercer –por vía indirecta o fiduciaria- la abogacía. El CGAE adopto sin embargo, un criterio en la correcta dirección prohibitiva.

La Abogacía debe tener un mayor protagonismo en el decurso de la política y en las grandes cuestiones de la sociedad civil. Javier Cremades, abogado innovador y otros candidatos plantean una presencia proactiva y no descartan el adoptar posiciones de vanguardia reformista, junto con otros actores,  cuando los acontecimientos lo requieran. No creo que  hayan aparcado el análisis de la gran montaña de temas prácticos pendientes de solución en la Abogacía, pero el centro de su discurso, en lo que yo he podido ver, es la preocupación por lograr un gran salto reputacional del sector de la Abogacía. No es fácil en España acceder con auctoritas a los tabernáculos del poder político. La capacidad de lobby para impulsar nacional e internacionalmente al sector de la Abogacía es un activo indiscutible en estas elecciones. La Abogacía española va perdiendo pulso en los grandes negociones internacionales (legislación aplicable y arbitraje). El nuevo Decano deberá impulsar la internacionalización en beneficio también de las firmas españolas  (medianas y boutiques) en su expansión internacional. El lobbismo del Decanato debe corregir estructuralmente las insuficiencias retributivas del turno de oficio.

La Abogacía sufre, como todos los sectores profesionales, tasas de ocupación y facturación y rentabilidad. El ganador deberá mantener en lo posible la salud financiera que el actual decanato ha conseguido mantener en circunstancias muy diversas. Esa buena gestión “empresarial” le permitiría cosechar predecibles réditos.

No es fácil adivinar quién merece ganar estas elecciones, pero creo saber lo que necesitan los abogados de Madrid: un buen mapa de realidad, innovación democratizadora y músculo institucional ante un futuro muy incierto que se cierne sobre el cielo blanco y poluto de Madrid.

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