La mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX entra en vigor el 1 de enero con la activación de la fase final de la Ley de Eficiencia: los hasta ahora 3.800 juzgados unipersonales se agrupan en 431 tribunales de instancia para ofrecer un servicio público más ágil, moderno y cercano.
La reforma se ha implantado de forma gradual: más de 300 tribunales de instancia llevan funcionando desde julio sin incidencias relevantes. Este 1 de enero se ponen en marcha los últimos 100, en grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid; las oficinas judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés retrasan su apertura al 15 de febrero para completar ajustes técnicos.
Nueva organización para ganar eficiencia
El cambio reordena una planta judicial concebida en el siglo XIX. Mientras antes cada juzgado dependía de un único juez y su equipo, los tribunales de instancia funcionan como órganos colegiados integrados por todos los jueces del partido judicial, organizados en secciones especializadas (civil, penal, violencia sobre la mujer, etc.) y respaldados por una única Oficina Judicial técnica. El objetivo es optimizar recursos, repartir la carga de trabajo, flexibilizar la gestión y evitar cuellos de botella.
Paralelamente, se han creado las Oficinas de Justicia en el Municipio para que los ciudadanos puedan realizar trámites sin desplazarse hasta los tribunales de instancia: entre julio y diciembre gestionaron más de 114.000 actuaciones.
Financiación, coordinación y formación
La implementación ha contado con más de 325 millones de euros de inversión procedentes de fondos europeos, destinados a las 12 comunidades con competencias transferidas en Justicia. Se calcula un ahorro cercano a 300 millones de euros en los próximos diez años. La implantación administrativa y técnica se ha coordinado mediante 27 reuniones de seguimiento y siete Comisiones Sectoriales entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
En formación y acompañamiento se desarrolló un amplio plan: más de 280 sesiones informativas, 305 cursos de digitalización con más de 15.000 inscritos y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes. Los órganos judiciales, las administraciones autonómicas y el personal de justicia han sido claves en el proceso.
Resultados y efectos prácticos
Los tribunales ya operativos desde julio han mostrado mejoras cuantificables: las comunicaciones pendientes (notificaciones, requerimientos, etc.) se han reducido de media un 36% en siete comunidades —un 43% en Andalucía y un 34% en la Comunitat Valenciana—; la ejecución de sentencias se ha acelerado un 30% de media, alcanzando picos del 69% en Andalucía, 55% en Castilla-La Mancha y 27% en Catalunya y la Comunitat Valenciana. Además, la obligación previa de recurrir a Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles ha contribuido a una caída del 30,9% en los nuevos litigios civiles durante el tercer trimestre.
La reforma, culminación de años de trabajo del Ministerio, aspira a consolidar un sistema judicial más eficiente, digitalizado y próximo a la ciudadanía.
