Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un duro comunicado en contra de las contundentes críticas que virtió el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en contra de la Sección Primera de la Audicencia Nacional por acordar la liberación de Santiago Arrospide Sarasola, más conocido por su alias «Santi Potro», uno de los inductores del atentado de Hipercor; y del también miembro de ETA Alberto Plazaola Anduaga. La Audiencia ha descontado de su condena la pena que ambos ya cumplieron en Francia, de acuerdo con la decisión marco que el Consejo Europeo aprobó en 2008, según la cual deben contabilizarse las condenas cumplidas en otros países de la UE.
La vicepresidenta aseguró primero que el Gobierno «respecta las decisiones judiciales» para luego manifestar que «la ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en lo que dice la ley». En este sentido, JpD recuerda que «en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales«.
Sáenz de Santamaría también criticó que las secciones primera y segunda de la Audiencia Nacional tomaran decisiones distintas. El desencuentro entre las dos secciones se basa en qué la ley orgánica que incorpora la normativa europea limita significativamente su alcance, porque impide la acumulación en España del tiempo de prisión cumplido en otros Estados miembros por condenas anteriores al 15 de agosto de 2010. Aunque la ley se publicó en el BOE el 13 de noviembre, no entró en vigor hasta 20 días más tarde, el día en qué se dictaron los autos, por lo que una sección optó por aplicar la ley y la otra no.
La Fiscalía recorrerá la decisión de la Sección Primera ante el Tribunal Supremo, y la vicepresidenta mostró su apoyo a esta decisión: «El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscalía”. Jueces para la Democracia asegura que «las resoluciones de nuestros tribunales pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos. Pero lo que no resulta aceptable es la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político. Con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes».
En este sentido, JpD critica que el Consejo del Poder Judicial no cumpla con sus funciones de garante de la independencia judicial ante «una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias».
La asociación recuerda que un «Estado de Derecho se legitima con el cumplimiento de sus propias reglas» y que la democracia se debilita «cuando el poder político utiliza mecanismos de instrumentalización emocional para atacar las instituciones judiciales«. Por eso, termina el comunidado, se reclama al gobierno «un mayor respeto hacia la actuación independiente de nuestros tribunales».
