Las españolas Abertis y ACS, junto con la italiana Impregilo, entre otros accionistas de Ausol, negocian con el Gobierno argentino una fórmula para colocar en beneficios a la citada concesionaria de la autopista Acceso Norte de Buenos Aires, de 119 kilómetros. El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una solución antes del 30 de abril y baraja tanto una actualización de los peajes como un mayor plazo de operación.

Fuentes conocedoras de los contactos comentan que la postura de Abertis y sus socios es la de seguir operando la infraestructura pese a los problemas económicos. Siempre que la Administración reconozca, en un nuevo marco contractual para la concesión, los atrasos generados por la congelación tarifaria sufrida desde 2002.

Además, el calendario de la concesión debe marcar el 2035, y no el actual 2020, como fecha en que la carretera ha de volver a manos del Estado. 15 años extra, según fuentes implicadas en las conversaciones, en compensación por las pérdidas acumuladas.

Ausol incumplió el lunes 23 de noviembre un pago de intereses por 10 millones de dólares acordado con sus bonistas. El argumento esgrimido es la situación patrimonial de la sociedad: las pérdidas a 30 de septiembre alcanzan 185,6 millones de pesos (unos 32,7 millones de euros) y el patrimonio neto declarado arroja 11 millones de pesos (1,9 millones de euros) en negativo.

La reacción inmediata del Gobierno ante el impago, como figuraba en el guión previsto, ha sido nombrar un interventor que auditará las cuentas de la concesionaria al tiempo que supervisará los problemas que la han llevado a tal deterioro. Entre tanto, Ausol ha abierto ya la ronda de contactos con sus acreedores, con el asesoramiento de Barclays Bank, para renegociar los bonos.

La figura designada para controlar la administración de Ausol es Héctor Juan Molina, subsecretario de Coordinación Técnica de la Universidad de Buenos Aires. El mensaje que recibirá por parte de la cúpula directiva de Ausol es que la firma ha acusado un incremento imprevisto en sus gastos de explotación, superior al 400%, mientras los ingresos se veían afectados por la citada congelación y la caída de la intensidad del tráfico de pago.

La intervención durará 120 días y no afecta a la gestión. Fuentes de Abertis hicieron hincapié en que no es una situación insalvable ni dará pie a un conflicto diplomático. «La autopista ha funcionado y seguirá haciéndolo, no está en riesgo la prestación del servicio en concesión», explican.

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