Las leyes existentes sobre conciliación familiar y laboral no se aplican en el colectivo de la Abogacía. Esta es la reflexión a la que llegan profesionales del sector al tener que buscar alternativas para poder trabajar pasado el estado de alarma. Si pensaban que teletrabajar y ser profesoras y profesores de sus hijos era lo más difícil, la situación que se avecina para muchas abogadas y abogados, ahora que se ha reactivado la actividad judicial, es aún peor. Sin guarderías, colegios o posibilidad de dejar a los menores con los abuelos -hasta ahora los pilares básicos para conciliar- ha puesto de manifiesto una vez más que a la conciliación le queda un largo camino por recorrer.
Varios letrados explican cómo están conciliando en la actualidad, en un verano atípico caracterizado además por la inseguridad en la celebración de vistas. Por ello, una de sus demandas comunes es que exista un consenso en la regulación de los plazos procesales, por interés general de la profesión.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES
Pol Olivet, abogado de Barcelona, tiene tres hijos, de 10, 7 años y 6 meses. Compagina su educación con su pareja actual, docente en la Universidad de Derecho. “Por las mañanas las niñas hacen sus tareas, y por la tarde tienen clase online con sus profesores”. Ahora, asistirán a una escuela de verano, con límite de aforo y respetando las distancias, a pesar del miedo al contagio siempre presente. “Estarán unas semanas en un campamento de día, denominado en Cataluña `casals d´estiu´, donde practicarán deporte variado como vela y tenis. De lado de los juegos y el aprendizaje, el deporte tiene mucha presencia en estos campamentos, no tenemos otra alternativa”, confiesa.
Es el mismo caso de Rocío Arregui, abogada de Murcia y madre también de tres hijos. “En el caso de los mayores, han estado dos semanas en una campamento de día con actividades alternativas, donde nos aseguraban grupos muy reducidos, mascarillas constantemente y gel, para que pudieran salir a relacionarse con las medidas de seguridad con otros niños -puesto que desde marzo no habían tenido ocasión- . Eso recae de nuevo en trayectos de ida, vuelta, aparcar, vigilar el cumplimiento de las normas, llegar a tiempo a la reunión o al señalamiento… más complicación a la trama”, subraya.
En otro sentido está Montse Perea, abogada de Málaga, que no solo tiene que conciliar la vida profesional con el cuidado de sus hijos, sino además con el de familiares mayores. Por ello, tras la desescalada, se ha visto obligada a contratar ayuda externa para su padre, por un lado, y formadores a domicilio para sus hijos, por otro, ahora que tiene que desplazarse al juzgado. Nos confiesa que “es muy difícil la conciliación en nuestra profesión, dado que tenemos que tener disponibilidad las 24 horas, sobre todo si estás adscrita al turno de oficio. En nuestro colectivo, las leyes existentes sobre conciliación familiar y laboral no se aplican, nuestros derechos como trabajadores al servicio de la justicia están totalmente silenciados”.
Por su parte, José Carrillo, abogado de Murcia, quién recientemente consiguió la suspensión de un juicio en su víspera con motivo de su paternidad, es padre también de una niña de 6 años. Él no ha optado por la alternativa de que asistan a centros deportivos ni contratar a nadie externo a la familia, por el riesgo al contagio, y ha tenido que recurrir a los abuelos. “Ocasionalmente, los cuida mi madre, siempre y cuando no tenga al resto de nietos, así tendrá que ser hasta primeros de septiembre”, nos confiesa, que también dice tener muchas dudas sobre qué pasará en ese mes.
NECESIDAD DE REGULAR PLAZOS PROCESALES
Pol Olivet, especializado en el Derecho Penal, manifiesta que tanto él como sus compañeros de despacho llevan dos semanas sin un solo día de descanso. “Y si además tienes una asistencia al detenido un fin de semana, te ves obligado a mover tu red de contactos en cualquier parte de España y solicitar sus servicios en tu representación, de lo contrario, el cliente debería acogerse al turno de oficio”. Apunta que “todo esto genera inseguridad en el trabajo, porque no hay criterio, cosa que en otras profesiones es inimaginable”. Es por ello, reivindica, que “no puede pasar una legislatura más sin que exista un consenso en la regulación de los plazos procesales”.
En el mismo sentido opina José Carrillo. “Soy partidario de regular la normativa de suspensiones de vistas y actos procesales para avanzar en conciliación, puesto que por interés general de la profesión y seguridad jurídica, es siempre más positivo que se contemple en una norma”. Además, subraya que “es posible garantizar el equilibrio entre el derecho a conciliar de los abogados y a una tutela judicial efectiva de los ciudadanos.”
Para Montse Perea, “la reanudación de la actividad judicial coincidió con el periodo de matriculación de mis hijos, con multitud de fallos en las plataformas digitales, lo cual conllevó una gran pérdida de tiempo, además del estrés que ello genera”, declara. “El juzgado suele hacer recaer la responsabilidad en los propios letrados, de tal forma que cuando tenemos que atender a la familia por enfermedad o maternidad, nos insta a que nombremos sustituto sin dar posibilidad de suspensión de la vista, no teniendo en cuenta que la relación abogado-cliente se basa en la confianza mutua”.
MAYOR REFUERZO E IGUALDAD CON EL RESTO DE FUNCIONARIOS
Por otro lado, todos confirman que no existe igualdad de conciliación para los letrados, a diferencia de los funcionarios de la Administración de Justicia, por ello son partidarios de su regulación a nivel general. “Somos una profesión muy desprotegida a todos los niveles, cumplimos una función fundamental en la sociedad como es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos”. A la actual situación, además, se suma que los juzgados están saturados y faltos de personal, por lo que advierte que “el Estado debería dotar de más recursos a la Justicia, para que se cumplan los plazos que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva”, expone la abogada Montse Perea.
Los centros escolares no reanudarán los cursos hasta septiembre, mes en el que se prevé poner en marcha un refuerzo en muchos juzgados, para evitar el colapso, en mayor medida originado por las demandas laborales. “El problema de la conciliación en la Abogacía ya es real, es el momento de que Gobierno y legisladores encuentren soluciones”, coinciden los profesionales de la Abogacía.
Fuente: Abogacia.es