Edmundo Rodríguez, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha aplaudido la convocatoria de 700 plazas para judicatura y fiscalía que hoy se publican en el BOE, por cuanto «contribuirán a mejorar el servicio público de la Administración de Justicia, paliarán en parte el déficit que sufren estos cuerpos y permitirán sustituir las plazas que faltan por jubilaciones».
Según el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia «esta iniciativa conjunta del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial ha multiplicado casi por cuatro las convocatorias de oposición años anteriores, lo que resultaba imprescindible». JJpD ha denunciado el envejecimiento de la plantilla de judicatura y fiscalía y reclamado insistentemente el incremento de plazas para la ingresar en ambos cuerpos «que por fin hoy se plasman en unos decretos esperados desde hace tiempo y que demás suponen una gran esperanza a la juventud que desde hace años está preparándose con enorme esfuerzo y dedicación».
“Si en años anteriores apenas se convocaban 200 plazas la convocatoria que hoy se ha confirmado es un primer paso que debe tener continuidad en años venideros, para mantener un ritmo de incorporación que permita no sólo mantener los recursos actuales, sino incrementarlos y acercar a España a la ratio Europa», manifestó Edmundo Rodríguez. A su juicio esta medida, junto con la reciente ampliación del número y dotación de las becas “SERÉ”, constituyen una acertada política de impulso para dotar a España de una judicatura y fiscalía de tamaño suficiente y adecuado a las necesidades que acarrea el aumento de población y de la litigiosidad.
Además el portavoz de JJpD ha destacado que “dotar suficientemente al servicio público que es la administración de justicia permitirá dispensar un mejor trato a la ciudadanía, a profesionales del derecho y a la sociedad», lo que a su juicio redundará en una menor dilación en la tramitación de procedimientos y en la respuesta de los nuevos tribunales de instancia, que junto a la reforma de las leyes de eficiencia «constituye un conjunto de cambios normativos e inversión que pueden contribuir a cambios y mejoras sustanciales en la calidad y cantidad de la respuesta judicial».
Por último el magistrado Rodríguez defiende que todas estas medidas vengan acompañadas «de un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para desatascar el proyecto de Ley de impulso a las carreras judicial y fiscal, que permitiría mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, el funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales como institución pública para preparar oposiciones, incorporar a la sociedad a la Comisión de Ética Judicial y blindar el sistema de becas para evitar que los cambios de gobierno vuelvan a reducirlas o suprimirlas”.
