La crisis sanitaria que ha supuesto la pandemia del COVID-19 no ha dejado un sector de la sociedad donde sus efectos negativos no hayan sido devastadores. En el sector de la abogacía, y específicamente en el área de la práctica penal, la situación excepcional dispuesta ha creado algunas condiciones particulares que, aún una vez subsanada la situación, habrá que tomar con pinzas y analizar detenidamente para considerar sus efectos reales.

Los buenos despachos de abogados penalistas, que puedes contactar directamente desde sus sitios web oficiales y que ofrecen una ayuda incalculable para personas que hayan sufrido algún delito, como estafa, robo, lesiones, amenazas, delitos contra el honor y demás, siguen prestando sus servicios de asesoría y, a menudo, sus servicios normales cuando la situación así lo necesita, ya que los cuerpos de seguridad del Estado siguen funcionando con normalidad y pueden arrestar o inculpar de algún delito, razón suficiente para que en algún momento puedas necesitar la ayuda de este tipo de abogados.

Servicios reducidos

La mayoría de los servicios del área penal están enmarcados en los delitos comunes de robo, hurto, extorsión, estafa, falsedades, amenazas o maltratos físicos producidos por riñas o producto de situaciones como las ya descritas. Para un abogado penalista Palma de Mallorca, profesional con años de trayectoria, y con una amplia cobertura y calidad en lo se refiere que a su prestación de servicios, la situación del COVID-19 ha representado una única cosa -al igual que para todo abogado autónomo o bufete de abogados en general-: una reducción en el número de solicitudes y casos realizados.

La razón más importante para encontrar sentido a la situación, más allá de la paralización de las instituciones donde se realizan los juicios y demás, está en que el sector turístico se ha paralizado o ralentizado en la época de mayor número de visitantes al país. Precisamente Palma de Mallorca es uno de los lugares que mayor cantidad de usuarios aloja, por lo que los índices delictivos suelen incrementarse gradualmente para esas fechas. Sin turismo y con las instituciones judiciales cerradas, los servicios de un abogado penalista han disminuido considerablemente.

Importancia de su actuación

A pesar de que lo anterior represente fielmente la realidad de la situación para muchos profesionales de la abogacía penalista, su importancia en la sociedad no ha hecho más que incrementarse, por lo que su actuación es requerida e indispensable en muchas situaciones, aún cuando las características del contacto deban ser por otras vías o cuando la asesoría deba tener un máximo de rigor, por no ser posible en muchos casos el contacto cara a cara tan determinante a la hora de contar con la ayuda de un abogado.

Es así en lo que en el Código Penal está tipificado como Delitos contra la libertad y Delitos contra la integridad moral, que producto del confinamiento tras el Estado de Alarma, llevó a un aumento considerable del maltrato físico, de la coacción, las agresiones físicas, sexuales y de acoso por parte de personas que, por la propia situación del confinamiento, tuvieron que quedarse cerca o dentro del mismo domicilio de la persona en cuestión causante de estas situaciones. Así, los casos de maltrato a la mujer aumentaron considerablemente durante y después del periodo de confinamiento, razón de que la actuación y la asesoría de abogados penalistas -además de instituciones del Estado con vinculación a esta clase de delitos- sean fundamentales.

Una crisis sin precedentes

Lo que no se puede negar, en ningún caso, es que la crisis del COVID-19 ha afectado drásticamente al campo laboral de los abogados penalistas. Por su trabajo, el contacto físico con sus clientes, la asistencia física a los juzgados, la constante realización de visitas y conversaciones con las personas involucradas, ha sido prohibida su realización para no contribuir a las estadísticas de contagios, con razones de salud bien documentadas.

No obstante, la justicia es un derecho ineludible de toda la población, y aún en situaciones excepcionales como las que se viven es indispensable la participación de profesionales de la abogacía que brinden la ayuda a las personas que, ante cualquier situación de carácter penal, vean en sus servicios una posibilidad de salir del problema en el que hayan incurrido.

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