En el mismo, del que se dio cuenta en el último Pleno, se propone, entre otras medidas que no se aplique la dispensa de no declarar que, en la actualidad, tienen los parientes del procesado en línea directa ascendiente y descendiente, su cónyuge o persona unida en relación de hecho análoga a la matrimonial (art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a los testigos que sean víctimas y/o perjudicados por el delito que se persiga.

El CGPJ propone, alternativamente, reformas que permitan la lectura en el juicio de las declaraciones que estas personas –víctimas o testigos- habrían hecho en la instrucción de la causa y que después se hubieran desdicho.

Asimismo, el informe propone estudiar la posible eliminación de las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño causado en violencia de género y recomienda que todos los operadores jurídicos tengan formación especializada en este campo.

Además, el informe aborda el síndrome de alienación parental, del que se constata su presencia en el ámbito de la Administración de Justicia, y recomienda a las personas o instituciones responsables de la formación de los diferentes colectivos profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia de género, que estén alertas ante la presencia de este supuesto síndrome, que eliminen los contenidos formativos que aparezcan cargados de prejuicios y que garanticen la preparación de los profesionales con sólidas bases científicas.

El informe supone uno de los estudios más detallados en el análisis de los problemas detectados en la aplicación de la Ley Integral que se han realizado hasta la fecha.

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