Desde que fue elegida hace tres años para llevar las riendas de la nueva Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado no ha parado de ‘bucear’ en búsqueda de todo tipo de ciberdelitos. Para ello cuenta con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la red de Fiscales especialistas, que ella misma ha puesto en funcionamiento y dirige. Formando parte del Ministerio Fiscal en 1981, y con un amplio curriculum a sus espaldas, Tejada advierte de los peligros que esconden internet y las redes sociales e insta a los usuarios tomen medidas de seguridad y precaución. Está satisfecha con lo hecho en materia de criminalidad informática hasta ahora pero advierte que hay que seguir luchando, ya que cada vez son más los delitos que se cometen a través de la red.

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Elvira Tejada, fiscal de la sala coordinadora en materia de criminalidad informática

Hace tres años que se creó la Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué avances se han conseguido en este tiempo?

En este periodo hemos puesto en funcionamiento una red nacional integrada por 50 servicios territoriales de criminalidad informática -uno por cada una de las fiscalías provinciales-, que están plenamente consolidados y trabajando a pleno rendimiento.

Cada uno de esos servicios se encarga de asumir la intervención de la Fiscalía en las investigaciones y procesos más complejos en materia de criminalidad informática y de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en esta materia en aquellos otros asuntos que el servicio no asuma directamente.

El funcionamiento de toda la red se articula a nivel nacional desde esta unidad central con el objetivo de mantener criterios uniformes en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Uno criterios obtenidos a partir de un trabajo en equipo, basado en la reflexión conjunta y el intercambio de experiencias y conocimientos. También a través de la red se facilita la coordinación de aquellas investigaciones en que la actividad delictiva o sus efectos se han manifestado en diversos territorios del Estado.

Así mismo, en los últimos tres años hemos ido estructurando canales de comunicación fluidos y permanentes con otras Instituciones con responsabilidad en este ámbito y, en particular, con las excelentes unidades de investigación tecnológica de los distintos Cuerpos Policiales. En definitiva, el objetivo es ser cada día más eficaces en la investigación y persecución penal de los ciberdelitos.

¿Cuáles son los delitos más comunes que se producen a través de internet?

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a partir de la información con la que contamos, las investigaciones judiciales más frecuentes por hechos ilícitos asociados a las TIC,s son, sin duda, las defraudaciones y, en particular, las estafas.

Es también importante, aunque muy inferior, la cifra relativa a delitos de pornografía infantil o las relativas a acoso a menores con finalidad sexual a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente a través de Internet.

¿Algunos delitos más ante los que la sociedad debería estar alerta y no lo está?

Sí, cada vez son más frecuentes las denuncias por hechos ilícitos contra la intimidad. Es decir, supuestos en los que subrepticiamente o de forma irregular se accede a material privado o intimo y luego se difunde a través de la red. También se dan casos en los que lo que se difunde es información de carácter íntimo obtenida con el consentimiento del afectado pero que luego se difunde sin su anuencia o en contra de su voluntad, causándole un perjuicio en su intimidad o en su integridad moral.

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“Hay una incidencia cada vez mayor en la difusión del discurso del odio, aquel que incita al odio, la violencia o la discriminación respecto de los que son diferentes”.

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Por otra parte, son cada vez mas preocupantes los accesos ilegales y los ataques a los sistemas informáticos con los que se pretende o bien paralizar la actividad de empresa o institución de que se trate o bien la obtención de información de interés para el delincuente. Normalmente, estas actividades suelen tener un objetivo económico pero también pueden perseguir otro tipo de finalidades más peligrosas. Por desgracia, este tipo de conductas delictivas no son generalmente objeto de denuncia, por lo que los resultados estadísticos con lo que contamos son todavía poco representativos. Sin embargo, creo que ha de animarse a los perjudicados a que denuncien este tipo de hechos, para que tengamos conocimiento de su alcance y de las diversas manifestaciones de estas practicas y podamos articular los mecanismos necesarios para perseguirlos y sancionarlos penalmente.

Por último, creo necesario dejar constancia de la incidencia cada vez mayor de Internet en la difusión del discurso del odio, aquel que incita al odio, la violencia o la discriminación respecto de los que son diferentes por razón de su raza, nacionalidad, orientación sexual…

¿Considera que los ciudadanos son conscientes de los peligros que esconde la red y ponen los medios para prevenirlos?

Pienso que existe un cierto desconocimiento por parte de los ciudadanos de la potencialidad de estas tecnologías y de la estructura y funcionamiento de foros, chats o de las propias redes sociales, en las que se desenvuelven con toda naturalidad y sin adoptar ninguna precaución. Y lo mismo ha de decirse en cuanto a las vulnerabilidades de los sistemas informáticos que utilizamos en el ámbito personal o profesional. Es imprescindible que hagamos usos de las medidas de seguridad necesarias para proteger nuestros sistemas y la información que en ellos alojamos y es también importante que cuidemos especialmente de salvaguardar nuestra privacidad -es decir, a quien queremos que llegue la información que facilitamos sobre nosoentros mismos cuando intervenimos en foros o en redes sociales de una u otra naturaleza-.

En ese sentido, me interesaría destacar que a nivel de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también por parte de miembros del Ministerio Fiscal se está participando en actividades de información, concienciación y divulgación en particular con menores de edad y adolescentes, que son colectivos que por la frecuencia con la que utilizan estas tecnologías y por su nivel de formación e incluso de madurez tienen un especial riesgo.

¿Cree que la Fiscalía tiene suficientes medios para luchar contra los delitos en internet? ¿Qué sería necesario para mejorar?

No puedo decir que no estamos satisfechos con la rapidez con que se ha consolidado la red y con la fuerza que están adquiriendo algunos de los servicios territoriales, pero necesitamos, sin duda, mas medios tanto personales (mayor numero de personas -fiscales y funcionarios de gestión administrativa- trabajando en estos servicios -en la propia unidad central tenemos carencias muy significativas-) y, por supuesto, materiales con una dotación de equipos informáticos adecuada a nuestras necesidades. Por desgracia, las consecuencias de la crisis económica están incidiendo negativamente en ello.

Otro aspecto en el que existen importantes carencias es en materia de formación. Piense que los Fiscales somos juristas y carecemos en general de formación técnica. Ciertamente nos auxiliamos de técnicos en nuestras investigaciones, pero cuantos más conocimientos tengamos en ese ámbito, más fácil será para nosotros comprender la dinámica delictiva y, en definitiva, aplicar la norma jurídica. Ha de invertirse mucho en formación en la Fiscalía, tanto en la del grupo de expertos que trabajan específicamente en esta materia como en la de todos los Fiscales (y en general de todos los operadores jurídicos), ya que no podemos olvidar que la ciberdelincuencia es un fenómeno transversal y son muchas las actividades ilícitas que se sirven de estas tecnologías en el desarrollo de iter criminis.

¿La cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de criminalidad informática es adecuada?

Contamos en la actualidad con unidades de investigación tecnológica muy preparadas tanto en los Cuerpos Nacionales -CNP y Guardia Civil- como en las Policías Autonómicas -Mossos d´Esquadra y Etzantza y Policia Foral Navarra-. Unos y otros están trabajando extraordinariamente bien con profesionalidad y gran eficacia. Por nuestra parte mantenemos unas espléndidas relaciones con estas unidades, tanto a nivel nacional como en los distintos servicios territoriales. Concretamente en esta unidad central contamos con oficinas de enlace permanentes tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional, que hacen que las relaciones con dichos Cuerpos sean constantes y fluidas.

No obstante, estas unidades tienen que ser reforzadas de forma permanente. Necesitan de formación constante porque las TIC,s evolucionan a velocidad vertiginosa y los investigadores tienen que conocer todos los avances que se van produciendo, especialmente cuando pueden ser utilizados para delinquir. Necesitan también cada vez de más medios personales porque el crecimiento de estas tipologías delictivas va aparejado al propio incremento en el uso de estas tecnologías por parte de los ciudadanos en todas las facetas de su vida. Y necesitan también de equipos y herramientas cada vez mejores y plenamente adaptadas a esos avances tecnológicos.

¿Considera que el ordenamiento jurídico está adaptado al creciente número de delitos que se comenten a través de internet?

Uno de los problemas con que nos encontramos es precisamente la necesidad de que los ordenamientos jurídicos estén en proceso permanente de adaptación para ofrecer respuestas a las nuevas situaciones que se van generando. Lo vemos en el derecho penal sustantivo. Ha sido necesario que el legislador incorporara nuevos tipos penales para que las nuevas formas de lesión de bienes jurídicos que merecen ese reproche puedan ser investigadas y sancionadas. Y, en otros casos, ha sido preciso adaptar los tipos penales ya existentes a la nueva realidad fáctica, derivada del uso de las TICs en la actividad.

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“Es fundamental la aproximación de los ordenamientos jurídicos de los distintos países para que cada vez sean mas parecidos, lo que facilitaría una actuación coordinada a nivel internacional”.

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Por otra parte, la persecución eficaz de este tipo de actividades delictivas solo será factible, en muchas ocasiones, aprovechando en la investigación criminal esas mismas tecnologías de la información y la comunicación, y para ello necesitamos herramientas e instrumentos adecuados, especialmente teniendo en cuenta que en muchas de estas investigaciones pueden verse afectados derechos fundamentales como la intimidad, la protección de datos o el secreto de las comunicaciones. Hay que adaptar la legislación procesal a esta nueva realidad y ello, hoy por hoy, es una asignatura pendiente en España.

¿Le parece oportuno sancionar con más gravedad los delitos que se generan en las redes sociales e internet?

Creo que no es posible hacer una afirmación de esa naturaleza con carácter general. Depende del tipo de actividad ilícita de que se trate. La agravación no estaría justificada en todos los casos, sino en aquellos supuestos en los que la utilización de las redes sociales o de internet en la planificación y/o el desarrollo de la actividad ilícita supone un mayor riesgo o determina una lesión más grave del bien jurídico que en cada caso se pretende proteger. Piense por ejemplo en los delitos contra el honor de las personas, en los que la difusión generalizada de la información que hace posible el uso de estas tecnologías suele derivar en un mayor perjuicio para la víctima del delito. De hecho, en este tipo de conductas ya está prevista actualmente una agravación en los supuestos en los que el atentado contra el honor se realiza con publicidad, circunstancia que sería sin duda aplicable a las conductas que se realizan a través de estos medios.

Los delitos informáticos no saben de fronteras. ¿Con qué problemas trasnacionales se choca la Fiscalía a la hora de actuar contra delincuentes que se mueven en distintos países? ¿Hay suficiente cooperación entre los estados?

Este es un problema del que somos plenamente conscientes y en relación con el cual se esta trabajando intensamente a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de delitos de carácter transnacional y cuya investigación y persecución exige de la colaboración entre los distintos países y entre las autoridades judiciales y policiales de unos y otros Estados. Hay dos líneas de actuación en las que se esta trabajando y que resultan esenciales: por una parte es fundamental la aproximación de los ordenamientos jurídicos de los distintos países para que cada vez sean mas parecidos, lo que facilitaría una actuación coordinada a nivel internacional. Esta aproximación ha de alcanzar dos planos: derecho penal sustantivo y normas procesales y/o de investigación. Pero además, por otra parte, es también esencial que seamos capaces de reforzar los mecanismos de cooperación transnacional de tal forma que se haga posible una colaboración más ágil y más intensa.

Sí diré que los niveles de colaboración en el marco de la Unión Europea son buenos y que en ese ámbito estamos realizando algunas actuaciones y operaciones muy interesantes con autoridades judiciales de otros países, a través de Eurojust o mediante la articulación de equipos conjuntos de ingestación en supuestos específicos. A nivel del Consejo de Europa es también importante conocer que España ratificó en 2010, la Convención de Budapest del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia, con la que se pretende la armonización normativa a que antes me refería, si bien todavía no hemos incorporado plenamente a nuestro ordenamiento jurídico las directrices fijadas en ese Convenio. En resumen: se están sentando las bases de una buena colaboración en esta materia pero que sin duda queda mucho camino por andar en relación con ello.

Recientemente fue noticia que fotos comprometidas de famosas, que se hallaban en la memoria de sus móviles, fueron robadas por hackers y hechas públicas. ¿Hay falta de seguridad en los dispositivos tecnológicos?

Repito lo que he dicho antes. Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de que internet es una ventana abierta al mundo. Cuando utilizamos nuestros móviles, Ipad, ordendores o nos descargamos determinadas aplicaciones hay que ser conscientes de las condiciones en las que lo hacemos. Hay que leerse tranquilamente las condiciones que se aceptan para conocer a qué régimen de acceso o de publicidad va a quedar sometida la información que incorporamos a la red. No se trata únicamente de los niveles de seguridad que tienen determinados dispositivos móviles -aspecto que exige por nuestra parte que mantengamos actualizados los sistemas de seguridad para evitar accesos inconsentidos- sino también, y esto es especialmente importante, que nos preocupemos específicamente de conocer las condiciones de uso que aceptamos para poder utilizar determinadas herramientas o aplicaciones informáticas y tengamos cuidado de preservar ante todo nuestra privacidad.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Fiscalía en materia de ciberdelincuencia?

Pues seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo. Mejorar y reforzar cada vez más el trabajo de la red de Fiscales y, en consecuencia, ser cada vez más eficaces en nuestro trabajo de impulsar las investigaciones contra los ciberdelitos, identificar y poder exigir responsabilidad a sus autores y proteger y defender los intereses de las víctimas de estos comportamientos.

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“La inversión en capacitación de los operadores jurídicos es ya una necesidad absolutamente ineludible”.

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Para ello es fundamental que vayamos mejorando nuestro nivel de formación en los aspectos de carácter más tecnológico. Y no solamente me refiero a los fiscales que integran los servicios de criminalidad informática de las distintas provincias sino también a todos los fiscales. La inversión en capacitación de los operadores jurídicos es ya una necesidad absolutamente ineludible.

Finalmente estamos dispuestos, y así lo estamos haciendo, a trasladar y hacer partícipes de nuestra experiencia y de los conocimientos derivados del diario ejercicio de nuestra función a los poderes públicos, al legislador y a los distintos organismos e instituciones con responsabilidad en esta materia, con el objetivo de contribuir a que se cree un marco legal adecuado y se lleven a efecto políticas públicas que permitan luchar de forma eficaz contra el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia.

¿Qué cree que debería incorporar en materia de ciberdelincuencia la futura reforma del Código Procesal Penal, actualmente estancada?

Hay muchos aspectos de la reforma del Código penal, actualmente en curso, que compartimos plenamente, como por ejemplo las modificaciones que se pretenden introducir en materia de pornografía infantil para adaptar nuestra legislación a la Directiva 2011/93/UE sobre esta materia. También éramos partidarios de efectuar algunas modificaciones en la definición de los delitos contra la propiedad intelectual, para poder actuar penalmente contra las actividades más graves de quienes usan la red con ánimo de lucro para facilitar a terceros el acceso irregular a obras protegidas. Pero desconocemos el texto definitivo sobre el que se trabaja en el Congreso por lo que resulta un poco aventurado pronunciarnos sobre ello.

Existen otras modificaciones que debieran, a nuestro entender, realizarse y que desconozco si, finalmente, se han incorporado en el texto de la reforma. Así, la última memoria de la Fiscalía General del Estado, entre sus sugerencias, incluye la conveniencia de tipificar como delito la suplantación de identidad en medios electrónicos y también sería bueno que se aprovechara el proceso de debate parlamentario para incorporar a nuestra legislación la Directiva 2013/40/UE sobre ataques a datos y sistemas informáticos que sienta unas líneas de actuación eficaces para salir al paso de ataques a través de redes infectadas de ordenadores (botnes).