La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) cree que la amnistía fiscal promovida por el Gobierno podría ser inconstitucional por ser contraria al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional.

En un informe que  Aedaf, de la que es presidente Antonio Durán-Sindreu, (foto) ha hecho llegar también a la Dirección General de Tributos y al propio PP,  señala  que la aprobación de esta medida mediante ley ordinaria y no como orden ministerial evitaría la inseguridad jurídica que el recurso de inconstitucionalidad presentado produce y que constituye un obstáculo para quienes pretendan acogerse al régimen de regularización especial.

En el informe de AEDAF se hace referencia a la inseguridad jurídica de la regulación de la amnistía, unida a otros aspectos que dificultan su aplicación como son:

– la falta de regulación de las implicaciones que dicha norma plantea con relación al blanqueo de capitales.

– el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la citada Disposición Adicional.

– la petición de suspensión en la Audiencia Nacional

– la opinión que la Asociación de Inspectores ha manifestado públicamente con relación a la Declaración Tributaria Especial y normas de desarrollo, así como respecto a la naturaleza no vinculante que en su opinión les merece el informe de la Dirección General de Tributos.

En este sentido, los asesores fiscales consideran “conveniente” modificar la orden ministerial que amplía la amnistía fiscal para que se limite a aprobar el modelo de declaración y la forma de presentación, así como a introducir el resto de las cuestiones incluidas en la orden hoy en vigor en la ley citada en el punto anterior.

De esta forma, según Aedaf, se evitarían los efectos negativos en el caso de que prospere la petición de suspensión y se disiparían las dudas sobre el posible exceso reglamentario de la orden ministerial de referencia.

Flexibilización inspecciones

Aedaf se muestra partidario de flexibilizar los procedimientos de comprobación e inspección, ya que parece “desproporcionado” que un contribuyente que pretenda acogerse a la declaración especial pierda esa posibilidad por el hecho de que se le notifique el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación.

También considera “desproporcionado” que el derecho de los contribuyentes para presentar la declaración interfiera en el Plan de Actuaciones de la Administración Tributaria y propone que cuando se inicien procedimientos de comprobación o investigación con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley el contribuyente pueda solicitar la suspensión de los mismos.

Por otro lado, los asesores afirman que la norma genera “serias dudas” sobre el uso por parte de la Administración Tributaria de la información facilitada para regularizar los impuestos sobre la renta. “Esta falta de seguridad jurídica es, probablemente, uno de los principales motivos de recelo para acogerse a la Declaración Tributaria Especial”, señala.

Informe sobre la Declaración Tributaria Especial

 

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