Nuevo capítulo en este asunto de la expropiación de YPF por el Gobierno Argentino. El pasado viernes conocimos la estrategia que AEMEC (Asociacion Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) va a poner en marcha de cara a defender los intereses de esos accionistas en esa empresa expropiada.

Esta entidad ha encargado la defensa conjunta al despacho Cremades &  Calvo Sotelo y específicamente en Argentina, al despacho de Rodolfo Barra (segundo por la izda). Barra, de 64 años, fue ministro entre 1994 y 1996. Con anterioridad, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de su país entre 1989 y 1993.  Desde AEMEC se señala que esta iniciativa “es un acto arbitrario e ilegítimo que está causando graves perjuicios a los accionistas de Repsol, de hecho muchos de sus minoritarios están viendo caer el valor de sus acciones, en diferentes mercados internacionales sobre un 30 por ciento”. En su opinón, es bastante probable que el asunto acabe en el tribunal arbitral de inversiones en los próximos años, CIADI, sujeto a la Convencion de Washington

Fue Miguel Angel Serrano, socio de Cremades & Calvo Sotelo, (en la foto en el centro de la imagen), quien explicó a los numerosos periodistas que acudimos a esta rueda prensa, la estrategia legal pensada, diseñada desde tres perspectivas: “Hay un frente abierto en Estados Unidos, en colaboración con bufetes de la zona donde se estudia presentar una class action, una vez conocida mejor la situación. Además, otra vertiente tiene que ver con la UE, donde se pretende desarrollar ciertas actividades de lobby y presión institucional. Por último, el frente argentino que se pone en marcha de forma inmediata contará con la colaboración de Rodolfo Barra, Catedrático de Derecho Administrativo y ex Ministro de Justicia de ese país”.

Por su parte, Rodolfo Barra, en declaraciones a este periodista, una vez concluida la rueda de prensa, señalo que en estos momentos el Consejo de Administración de Repsol está intervenido, en tanto se tramite y sancione la Ley que indique la Utilidad Pública de esta expropiación. El pasado miércoles fue sancionado ya por el Senado, ahora falta la sanción también del Congreso donde pensamos que será la semana próxima al tener el Gobierno una amplia mayoría. “Creemos que la promulgación presidencial de esta Ley será inmediata, con todo ello es posible que la citada Ley esté vigente en una semana tras su publicación correspondiente en el Boletín Oficial”

Barra indicó  que el contacto con AEMEC fue a través del propio Cremades & Calvo-Sotelo, firma con la que desarrollan diferentes temas de forma habitual. Es consciente que se abre dos frentes uno la batalla judicial a corto plazo y otro posterior la via del arbitraje. “Es bastante posible que acabemos en un arbitraje ante el CIADI, lugar donde se discute cualquier asuntos sobre los Tratados de Proteccion Recíporoca de Inversiones. En este arbitraje cada parte elige a un árbitro y la propia organización, si no hay acuerdo, elegirá al presidente del comité Arbitral. La figura del árbitro tiene que ver con la de experto en derecho internacional e inversiones”. Este letrado no oculta que este tipo de procedimientos suelen ser largos, de varios años hasta la resolución final.

La estrategia del despacho de Rodolfo Barra pretende ir, en primer lugar, a una vía de amparo, recogida en la Constitución argentina ante abusos de las autoridades públicas ante ciudadanos o colectivos,  que agote la via judicial local, “un proceso sumarísimo que no debería durar más de seis meses, donde esperamos se fije la indenmización por la expropiación. Entendemos que la expropiación es arbitraria con lo cual solicitamos a los jueces protección en ese sentido”. Luego, caso de no prosperar esa vía, habría que ir a a los tribunales internacionales con lo cual se plantea un proceso largo y complejo en el tiempo. Pese a que es una situacion compleja esperamos ganarlo, habrá que convencer a los jueces de ello”.

Preguntado sobre las acciones que está ejerciendo tanto el Gobierno español como la propia Ue sobre el asunto YPF-Argentina, Rodolfo Barro indica que “aunque no pueda hacer un juicio de valor sobre este tema, está muy bien su Gobierno defienda los intereses de esta empresa, sobre todo en un caso como éste donde la conducta arbitraria parece notable. Sorprende que solo sea la expropiada Repsol, cuando hay otro 44% en manos de otros accionistas. Lo lógico hubiera sido expropiar proporcionalmente a cada uno hasta llegar al 51 por cien.”Sobre la causa de la citada expropiación, cuestión que el Gobierno argentino ha esgrimido para defender su soberanía petrolera, Barra aclara que “nuestro Estado ya tiene una compañía petrolera que se llama Enarsa, con lo cual no parecer en principio necesario intervenir ninguna otra compañía petrolera. Habia multitud de vías diferentes menos dolosas para llegar a una solución política más justa. Sin embargo ha elegido la vía más dañosa para una sola persona, en este caso empresa.”

Para Ángel Fernández-Albor, Socio de Cremades & Calvo-Sotelo y catedrático de Derecho Mercantil, también presente en esta rueda de prensa, se deja claro que este tipo de acciones como ha sido la expropiación de YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner lanzan un mensaje negativo para el libre comercio “se ha abierto lo que se dice en la terminología jurídica una via de hecho y confiamos que la justicia pueda darnos la razón en este asunto tan complejo”. A este efecto, también se dejó claro que cualquier valoración por debajo de una estimación razonable por parte de los tribunales argentinos sería impugnable de forma inmediata por esta defensa legal desde los despachos que representan AEMEC

 

 

 

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