El pasado 31 de enero, se celebró una Mesa redonda, compuesta por expertos de Transparencia Internacional España y la Fundación Hay Derecho, donde se llevó a cabo un analisis del Proyecto de Ley Integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes —también conocida como Ley ómnibus contra la corrupción—. La propuesta se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y podrá estar lista en los próximos meses.

Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, señaló que la proposición cuenta actualmente con un total de 387 enmiendas, y que su contenido tiene mucho valor: “La propuesta de 25 artículos propicia un verdadero y sistémico cambio en el marco jurídico español en relación con los temas de corrupción. Solo falta ahora que los Grupos parlamentarios mejoren al máximo el contenido de esta norma legal”.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política e integrante del Comité de Dirección de TI-España, resaltó también la necesidad de contar con un instrumento legal como este, que se centra en tres aspectos fundamentales: la transparencia, la protección de los denunciantes y la regulación del lobby.

A su juicio, esta ley puede ayudar a crear una buena base de para un plan integral de lucha contra la corrupción, en el que estén implicadas todas las instituciones. “La proposición de ley se basa en el Ejecutivo, pero todos sabemos que este asunto también debe aplicar al poder legislativo. En el sector empresarial igualmente hay que tomar medidas, y en la sociedad civil también”, señaló.

Para Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, si bien esta proposición de ley se enfoca en el sector público, es un primer paso para seguir mejorando: “Si empezamos por el ámbito público, iremos avanzando de forma natural al sector privado”.

Agregó que uno de los aspectos positivos de este instrumento legal, sobre todo si se incluyen algunas de las enmiendas, es que incorpora una recomendación de organismos internacionales: que la denuncia esté unida al estatuto de protección de los denunciantes. Además, las enmiendas también consideran la ampliación de esa protección a las familias de quienes denuncian.

“La proposición de ley es mejorable, pero si es un primer paso, vamos en la dirección correcta. Así empezaremos a revertir la tendencia que considera al denunciante como un héroe abandonado, y le daremos el carácter de persona apoyada por las instituciones gracias a la labor social que está haciendo”, destacó De la Nuez.

Algunas recomendaciones de mejora

 Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal e integrante del Consejo de Dirección de TI-España, llevó a cabo una revisión de algunos conceptos que se señalan en la proposición de esya nueva ley. En primer lugar, destacó que cuando se incorpora la frase lucha contra la corrupción en el título, se enfoca la solución solo en las penas y las sanciones una vez que el mal está hecho. “Preferiría una propuesta de ley que llevara en el título la palabra prevención y se centrara en eso. Así podríamos tener un diagnóstico más amplio y profundizar en las causas de la corrupción”.

Agregó que hay solapamientos con otras leyes del marco jurídico español, lo que impide que la ley alcance todas las expectativas que se pretenden mediante su aplicación. También apuntó que, si bien la ley pretende incentivar las denuncias, solo se enfoca en las que provienen de los canales internos de la administración pública. A su juicio, se deben incorporar canales externos para considerar denuncias de otros particulares.

Otro de los aspectos destacados por los expertos es que el proyecto de ley no toma en consideración las denuncias que se llevan a cabo mediante el anonimato. Para Manuel Villoria, este tipo de denuncias no serían necesarias en una sociedad en la que exista un buen sistema de protección a los denunciantes. Pero, en el caso español, podrían ser buenas herramientas en un primer momento. “Habría que buscar los medios suficientes para que estas denuncias no se conviertan en una inquisición”, destacó.

Villoria también señaló otras posibilidades de mejora de la propuesta. Por ejemplo, que incluya regulaciones en el ámbito local, que es donde más conflictos de intereses se pueden identificar, y que se amplíe la definición de lobbista. “Pero, pese a los errores, creo que esta ley es un avance positivo”, concluyó.

Sobre Transparencia Internacional España

TI-España es el capítulo español de Transparency International, la única organización a escala mundial que se dedica, desde 1993, a la lucha contra la corrupción, a través de alianzas entre la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos. TI-España se fundó en 2006 y, entre otras cosas, ha asumido el compromiso de propiciar la apertura informativa de las instituciones públicas españolas. Entre las actividades de la organización se destaca la elaboración de los índices de transparencia de las instituciones públicas, con los que se evalúa y se promueve la transparencia en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las diputaciones, los parlamentos y en la gestión del agua. Además, desde el año 2015 se desarrolla el Proyecto Integridad, que recibe el apoyo financiero del programa Siemens Integrity Initiative, auditado por el Banco Mundial.

Sobre la Fundación Hay Derecho

La Fundación Hay Derecho empezó en 2010 como un blog que, a través de sus entradas periódicas, pretendía contribuir con la defensa del Estado de Derecho y las instituciones en España. En 2014 se transformó en una fundación, dedicada al mismo ámbito, a través de la elaboración de estudios e informes, la realización de labores de divulgación y otras actividades. Desde 2015 organizan el Premio Hay Derecho, que busca darle visibilidad a ciudadanos o entidades que se hayan destacado por sus acciones en el fortalecimiento de las instituciones públicas y la defensa del Estado de Derecho.