Como ya publicó DIARIOJURIDICO  hace unos días catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas presentaron una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el  Estado  Español. En dicho arbitraje, reclamarán indemnizaciones por importe de cientos de millones de euros como consecuencia de los recortes retroactivos que, en diciembre de 2010, el Gobierno impuso a las tarifas que perciben las instalaciones de energía solar fotovoltaica. La demanda presentada con el asesoramiento de la firma legal internacional Allen & Overy se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. Era por ello necesario hablar con un experto en estos temas.. Antonio Vázquez socio responsable del área de Contencioso y Arbitraje de Allen & Overy, para saber  cómo es un arbitraje de inversiones por dentro

Antonio Vázquez  es el socio responsable del Departamento de Contencioso/Arbitrajes de Allen & Overy Madrid. Es abogado del Estado desde 1997. Ha asesorado en numerosos procedimientos judiciales en materia mercantil, bancaria y financiera, relativos a incumplimientos contractuales, ejecución de garantías y reclamaciones de daños. En particular, ha intervenido en numerosos procesos judiciales relativos a notas estructuradas, preferentes y derivados de tipos de interés. También ha participado en la resolución y ejecución de complejas financiaciones estructuradas con productos derivados (ISDA, CMOF). Antonio ha asesorado a multitud de entidades financieras en concursos de acreedores de especial transcendencia para la economía nacional; e igualmente ha participado en diversos arbitrajes ante la CCI y la Cámara de Comercio de Madrid, así como en arbitrajes internacionales de inversión. Tiene experiencia en derecho administrativo y regulatorio, incluyendo energía, infraestructuras, contratos públicos y procedimientos administrativos.

Antonio está recomendado por su excelente trabajo en uno de los principales directorios legales, Chambers & Partners, desde el 2007 hasta la actualidad. Ha sido elegido por Best Lawyer como uno de los abogados más significativos de 2010 y de 2011 en España.

 

Cuál es el perfil de litigantes que concurren a un arbitraje de inversiones?

Los demandantes en este tipo de procedimientos suelen ser empresas e instituciones financieras (aunque también pueden ser personas físicas) nacionales de países desarrollados, que habiendo invertido en el extranjero se encuentran con medidas gubernamentales o legislativas que disminuyen el valor económico de sus inversiones, o incluso, las vacían de contenido económico de forma equivalente a una expropiación.

En muchos casos, el inversor ha efectuado su inversión a través de una sociedad local, constituida en el Estado donde se realiza la inversión, entendiéndose por inversión cualquier tipo de activo sea éste tangible e intangible, activos fijos o acciones. Por este motivo, es habitual que una sociedad local aparezca en el procedimiento como demandante, junto con la matriz extranjera, siempre y cuando el tratado de protección de inversiones aplicable lo permita.

Las últimas estadísticas del CIADI revelan que la mayor parte de los demandantes en estos arbitrajes son inversores en el sector del petróleo, gas y minería (25%), así como electricidad y otros tipos de energía (13%), seguidos del sector transporte (11%); otras industrias (10%); agua y saneamiento (7%); construcción (7%); finanzas (7%); informática y comunicaciones (6%); turismo (5%); agricultura y pesca (5%); y servicios y comercio (4%).

 ¿En un conflicto, donde una parte es el Estado, que tiempo tardan los árbitros en laudar, y cómo se eligen éstos?

La duración de este tipo de procedimientos, desde la presentación de la notificación de arbitraje hasta el laudo que decida el fondo del asunto, suele ser de un mínimo de 18 meses, si bien en ocasiones los procedimientos pueden complicarse y alargarse durante años. En cuanto al nombramiento del tribunal, si las partes no llegan a un acuerdo sobre el número de árbitros y el método para su nombramiento, el tribunal lo integran tres árbitros: uno nombrado por cada parte y el tercero, que preside el tribunal, nombrado de común acuerdo.

En el caso específico del CIADI, si transcurridos 90 días a partir de la notificación del acto de registro de la solicitud no se ha constituido el tribunal, el presidente del Consejo Administrativo del CIADI, a petición de cualquiera de las partes, puede nombrar el o los árbitros que falten.

¿Que opinión le merece que la entidad que lo gestiona, CIADI, preferentemente, haya apostado por la transparencia del proceso frente a la confidencialidad de los arbitrajes internacionales?

Si bien la confidencialidad es una de las características típicas del arbitraje, en el contexto del arbitraje de protección de inversiones los asuntos suelen estar relacionados con cuestiones de interés público en el Estado demandado, tales como la protección del medio ambiente, los recursos naturales -incluyendo el acceso al agua- o la salud pública.

En ocasiones, los laudos dictados han llegado incluso a resultados contradictorios, con el riesgo que ello implica para la credibilidad del sistema. Es por ello que en 2006 el CIADI reformó sus reglas permitiendo mayor apertura pública en la fase oral del procedimiento, así como incluyendo la figura del amicus curiae -que implica la apertura del proceso a terceros- o la posibilidad de que el laudo o sus extractos sean publicados. Sin duda alguna, la transparencia del proceso contribuye a incrementar la credibilidad del sistema por parte de los Estados.

¿Como valora que CCI, en su reforma, se haya puesto como meta también irrumpir en el arbitraje de inversiones?

En materia de resolución de controversias entre inversores y Estados, el CIADI no tiene el monopolio. La realidad es que son muchos los tratados bilaterales de protección de inversiones, así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) o el Tratado de la Carta de la Energía, que permiten al inversor instar un arbitraje frente al Estado huésped de conformidad con las reglas de la CCI, de forma alternativa al CIADI. Para los inversores en países que no han ratificado el Convenio de Washington -como por ejemplo, en Cuba- el CIADI no es una opción.

Por otro lado, son varias las críticas que ha suscitado el arbitraje CIADI . Por ejemplo, el tiempo excesivo que se necesita para la constitución del tribunal tiene implicaciones muy negativas en caso de que el inversor pretenda solicitar medidas cautelares urgentes por parte del tribunal. Asimismo, el Convenio de Washington establece unos requisitos jurisdiccionales -adicionales a los establecidos en el tratado de inversión aplicable- a los que no tiene que hacer frente el demandante en un arbitraje CCI (al igual que en un arbitraje UNCITRAL). Otras críticas al CIADI están relacionadas con el sistema autónomo de anulación de laudos, que ha demostrado ser en ocasiones contradictorio y menos previsible que el proceso de anulación ante los tribunales de la sede, al que se enfrenta un laudo de la CCI.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.