Por Ignacio Garcia Tábora, experto penalista y Socio Director de Abogados R&T

La vieja y liberal Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870 ya contemplaba el denominado principio de justicia universal, pero con somera mesura. La exasperación del citado principio se ha venido produciendo con la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Los crímenes terroristas y el narcotráfico, principalmente, llevaron quizá al legislador español a la exasperación que, la verdad, ha quedado ridiculizada por algunos conspícuos magistrados instructores de la llamada Audiencia Nacional.

Para comprender bien el fenómeno, convendría remontarse a la génesis y origen de la creación del órgano jurisdiccional en cuestión, heredero inefable de la feroz represión del franquismo, que se concretó en el Tribunal de Orden Público, que actuaba con verdadera delectación contra los escasos demócratas de la época y que, so pretexto de la enorme peligrosidad del fenómeno terrorista de E.T.A., sirvió como excusa para crear un órgano jurisdiccional que rompió los clarísimos moldes de la venerable Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y de la antigüa Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870.

Pero, como todo órgano del Estado, no sólo tiende a la restricción sino que nace con una inusitada fuerza expansiva, convirtiéndose en una especie de ameba que va tragándose, en mala digestión, la jurisdicción ordinaria, convirtiéndose así en una especie de jurisdicción especial con ámbito en el universo entero, con tal de que se produjeran una serie de erráticos supuestos. Últimamente, por ejemplo, la República Popular China, suponemos que a través de su Embajada en Madrid, ha comunicado al Gobierno español que debe hacer todo lo posible para archivar el procedimiento abierto por la inefable Audiencia Nacional, con el problema del Tíbet de fondo. No hay para qué recordar el impar ridículo que hizo España con una jurisdicción que quiso ingresar en prisión al General Pinochet, uno de los múltiples dictadores y, no digamos ya, con el inicio de una generalizada diligencia que exigía una comunicación fehaciente de que el General Franco había fallecido, payasada estúpida y sin gracia que no depara más que hilaridad y sarcasmo para con la Administración de justicia española.

A la vista de tales desmesuras, se ha puesto cierto coto por la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sometiendo el principio de jurisdicción universal a restricciones objetivas. Pero, ha habido que esperar veinticinco o treinta años de locuras sin igual, por demás inveracundas, y de utilización de la Administración de la justicia española para beneficio de la tormentosa imagen de algunos elementos de la magistratura. Parece que ahora las cosas van a remitir, pues nunca un país –menos España- puede pretender protagonizar la función justiciera universal, como si fuera un extraño gendarme internacional cuando tantas lacras, servidumbres y problemas gravísimos sin solución tiene nuestro país.

Esperemos que las cosas vayan pronto por buen camino sin necesidad de que hagamos más el ridículo universal.

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