Por Antonio-Carlos Pereira Menaut, Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela
Según informaban los medios el pasado 18 de Noviembre, Mons. Rouco Varela manifestó que «la unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad moral», afirmación que parece arrojar sobre los posibles separatistas una nueva carga, la de la legitimidad y moralidad.
Indudablemente es un argumento de peso, dicho por una persona de peso y preparación intelectual indiscutibles, y rico en consecuencias, pues todos los regionalismos y nacionalismos (según su grado e intensidad) quedarían bajo sospecha de algún grado de ilegitimidad y/o inmoralidad, pues por definición persiguen el bien de su territorio. Incluso los federalismos tendrían problemas de justificación, pues los estados miembros, por mucha lealtad federal que haya, nacen ante todo para defender su parcela. De esa manera, al ser todo particularismo territorial moralmente reprobable por contrario al bien común, las emancipaciones de Portugal, Irlanda, Estados Unidos o las repúblicas latinoamericanas habrían sido ilegítimas o inmorales, cosa manifiestamente contraria al sentido común.
Así que, por un lado, el argumento de Rouco no puede ser ignorado porque afecta al eterno problema jurídico de la legitimidad. Pero por otro lado, en nuestra vida real, si vemos venir hacia nosotros al Ministro de Hacienda esgrimiendo el bien común, inmediatamente nos tememos más impuestos. Si yo, desde Santiago, oigo al gobierno insistir en el bien común, vienen a mi mente la pesca, los astilleros y la ganadería gallegos, sacrificados al real o supuesto bien común de España (dejamos ahora a la UE, aspirante también a definir otro bien común). El bien público de Galicia y las condiciones de vida de muchos miles de personas padecieron un impacto cuyos efectos duran hasta hoy.
Estamos ante un concepto importante, pero no fácil. En el lenguaje ordinario no hay ningún problema en hablar del «bien común» de Galicia, España o Europa, siempre que esté claro lo que se quiere decir (normalmente, bien público o interés público), pero en el terreno conceptual es preciso evitar toda confusión. Todos percibimos instintivamente que existen metas, bienes e intereses generales y mayores que los particulares, pero al acercar la lupa comienzan las dificultades. Nadie duda que el bien común debe guiar la política, pero su carácter “abstracto e indeterminado” (Alvaro d’Ors) dificulta su uso práctico salvo en los casos muy claros. Para complicar las cosas, el bien común no es la suma aritmética de los bienes particulares de personas, grupos o territorios menores.
Mientras que la actividad política, por definición, es territorial, el bien común no es de este estado, ni siquiera de esta sociedad, sino, en última instancia, universal; tiende, por sí mismo, a la universalidad —“el bien común de una nación es inseparable del de toda la familia humana”, rasgo que todo estado conculca—, lo cual se ve hoy más claro, por ejemplo, con el cambio climático. No es así el bien público, que es de cada comunidad política o pueblo, de cada «público». Así, hay que distinguir bien común, bien público e interés general o público. «Bien» no es igual a «interés»; «común» no siempre coincide con «público». El supuesto bien común de un estado puede ser verdaderamente común, pero con dos nada fáciles condiciones: hacia arriba, que se pueda integrar en el bien común universal, y hacia abajo, que represente un bien para todos los territorios menores y, sobre todo, para todas las personas. El bien común no es de una región, estado o nación, aunque en cada una existan bienes superiores a los particulares, sino, en última instancia, de la humanidad entera y de todas las personas. En cambio el interés general o público, menos problemático, por ser más computable, se aproximaría más a la suma de los intereses particulares.
No se debe comparar el supuesto «bien común» español al supuesto «bien común-particular» de Asturias, Alemania o Canarias, pues, como decía d’Ors, el interés de un grupo humano es siempre particular (de ese grupo) y no puede llamarse bien común. En cambio, el bien público de España se puede comparar al bien público de Canarias o Portugal, todos los cuales, cada uno en su lugar, son igual de importantes, así como el rey de un país grande y rico no es más alto ni más rey que el de otro pequeño y pobre. En una comunidad política compuesta de otras menores, si el bien común fuera sólo el de la mayor, las pequeñas cederían siempre, lo que iría contra la subsidiariedad, conduciría en última instancia al gobierno mundial y preteriría a las comunidades menores, pues invocan siempre bienes sólo «particulares». En cambio, es claro que un interés económico particular, debería ceder ante el general.
Esto es importante porque el bien común mal entendido nos podría llevar a un gobierno global con desmesuradas y detalladas competencias, amenazaría la libertad y las identidades culturales y negaría el principio de subsidiariedad. Las comunidades políticas intermedias —y la propia UE será intermedia un día—, estarían de antemano indefensas. Se podría exigir a Córcega (por ejemplo), que cediera en todo ante Francia, o a Navarra ante España, lo que llevaría a la conclusión, contraria a la justicia natural, de que uno, en nombre del superior bien común estatal, debería actuar contra los intereses de su familia y vecinos, del suelo que pisa, contra su más tangible patria. Por lo mismo, pronto Francia o España deberían ceder siempre ante la UE, y ésta frente al Gobierno Mundial contra el Cambio Climático. Las primeras víctimas serían el principio de subsidiariedad, caro a la doctrina social católica… y el sentido común.
El bien público de una comunidad pequeña es cuantitativamente menor que el de otra mayor pero no es su subordinado jerárquico ni está necesariamente contenido en él. Cualquiera que sea su población, el bien público de España no es cualitativamente inferior al de Alemania o la UE y no necesariamente cederá ante ellos. Las palabras mismas nos ponen en la pista: si a uno le dicen que él o su tierra debe rendirse ante el bien común de España o Francia suena con mayor legitimidad y fuerza moral que si nos dicen que el interés público catalán, por ejemplo, deba necesariamente ceder ante el interés público español, que suena más como sacrificio económico discutible.
El problema del bien común, o más bien de su alegación por los políticos, se plantea sobre todo en aquellas comunidades políticas grandes o heterogéneas, en las que el centro alega el bien común mientras que los ciudadanos, familias, grupos sociales o regiones quizá no se vean incluidos en él. Lo presentado como bien común puede ser el interés de la región dominante (antes, de la ganadería castellana, o de las industrias vasca y catalana en el siglo XIX; hoy, de Madrid). En la presente crisis, no es legítimo pedir a la población griega, en nombre de un bien común europeo, que aplauda las medidas que la depauperan.
El bien común presenta también otras dificultades conceptuales, pues consiste en las “condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir su propio mejoramiento”, en la “garantía del bien personal, familiar y asociativo”, lo cual es más una aspiración que una experiencia de nuestras vidas reales. Algunas veces bastará el sentido común para discernirlo (según casos), pero generalmente, no, tanto por desbordar con mucho la política como porque ese conjunto de condiciones son difíciles de medir.
El consistir en condiciones —decíamos—, más que en beneficios específicos, y para todos los grupos y personas, aumenta la inseguridad en su invocación (ejemplos: pedir a un territorio que se prive de su agua en favor de otro; construir un embalse en China con enormes sacrificios para cientos de miles de personas). En nuestra experiencia, cuando se invoca el bien común, frecuentemente (no siempre) es para pedir un sacrificio a un grupo o territorio que quizá nunca sea compensado —y los perjudicados raramente son Madrid o París—. Es habitual que los gobernantes centrales invoquen el bien común para hacer un sistema de comunicaciones radial o para centralizar algún recurso o institución, y pueden decirlo de buena fe, pero todos los periféricos sabemos por experiencia lo que eso acarrea; ergo, no sería un ejemplo de bien verdaderamente común. Cuando los políticos nos piden sacrificios por el bien común no es probable que tengan en mente “el bien social participable por todos”.
Y ahora viene otro problema: ¿quién es el intérprete o guardián del bien común? Me temo que, al final, el Estado (dejemos ahora a la Troika y el FMI). Pero, ¿por qué suponer que el Estado persigue el bien? La clásica “razón de Estado” no era el bien, y, en la actual crisis, el Estado español persigue la eficacia con indisimulada preterición de la justicia. Y aunque persiguiera el bien común —como alguna vez hará—, ¿por qué suponer que el Estado, formado por hombres como nosotros, cuando no peores, escapa a la ley de hierro de la oligarquía (reforzada por la partitocracia), a la corrupción, la estupidez, la parcialidad o la injusticia? “Sin justicia, ¿qué son los estados, sino grandes bandas de ladrones?” En la justicia está su legitimidad. Pero ahora el estado español no la persigue, sino la eficacia, aun con inmensos daños humanos colaterales; y no le tiembla el pulso a la hora de producirlos él directamente. ¿Con qué legitimidad pretenderá que demos preferencia a su bien común antes que a nuestra propia familia, compañeros de trabajo, a mi castigada Universidad, o la tierra que piso y veo? Y el cuidado por el próximo (que en inglés, significativamente, se dice love thy neighbour) y por lo próximo, ¿no es antes que el bien común definido desde el centro? Se me replicará, tal vez, que ese bien común capaz de pedir nuestro sacrificio no es del estado sino de España, pero España ha querido fundirse con su estado: si no, si España fuera como la Commonwealth, o Canadá, o el Reino Unido, esa frase de Mons. Rouco tendría poco sentido. De hecho, ante la posible independencia escocesa, la jerarquía católica de Inglaterra no dice nada equivalente (además, Escocia tiene conferencia episcopal católica propia; tomemos nota).
Y, ¿qué decir de los límites del bien común? Incluso cuando el bien común sea alegado seriamente por el poder central, ¿es más fuerte que la identidad, o los derechos humanos, o el bienestar de los periféricos? ¿Es una carta de triunfo, a la cual nada puede vencer?
Terminaremos, en fin, admitiendo la importancia del bien común y el respeto que merece, pero también lo inseguro de sus argumentos cotidianos, la injusticia que puede producir su abuso, así como lo difícil de identificarlo aunque todos tengan la mejor voluntad —y ésta no puede presuponérsele a los gobernantes, o de lo contrario nunca se habría inventado el constitucionalismo—.
(Nota: mis fuentes han sido d’Ors, Millán Puelles, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. La frase “remota iustitia, quae sunt regna nisi magna latrocinia?” es de san Agustín.).
