Hijo de una extensa familia de juristas, Cándido Conde Pumpido fue elegido, con 45 años, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo y se convirtió así en el magistrado más joven nombrado para este Alto Tribunal. En 2004 fue designado Fiscal General del Estado, permaneció como tal durante dos mandatos y batió, de nuevo, otro récord: ser el Fiscal General que más tiempo ha ocupado el cargo durante la democracia. Su trayectoria se podría describir así, repasando los éxitos profesionales que le han convertido en una de las figuras más relevantes del panorama judicial español.
Actualmente, Conde Pumpido vuelve a ejercer como Magistrado en el Tribunal Supremo, cargo por el que fue invitado a pronunciar una ponencia sobre la creación de la Fiscalía Europea en la séptima edición del European Jurists’ Forum, un evento celebrado la pasada semana en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
En esta entrevista, este reconocido jurista no quiere pronunciarse sobre algunas cuestiones de actualidad jurídica como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o la relevancia penal de los escraches, pero sí que avanza a los lectores de Diario Jurídico algunos detalles sobre la creación de la fiscalía europea y asegura que ésta verá la luz ya que actualmente “los gastos de la Unión Europea nos corresponden a todos pero no están protegidos por nadie”. También se pronuncia sobre cuestiones como el incremento de los casos de corrupción o la reforma de la legislación hipotecaria.
¿Cree que realmente existe una independencia del Poder Judicial?
Yo creo que el poder judicial es independiente y que goza, afortunadamente, de un estatuto que permite actuar con plena independencia. Cada juez debe ser responsable ante su propia conciencia de las decisiones que adopta y yo creo que esa independencia no se ve afectada por reformas de carácter organizativo. Está perfectamente garantizada en el estatuto de los jueces.
Últimamente están habiendo muchos casos de corrupción. ¿Por qué cree que se está dando esa situación?
Recuerdo que durante la época que ocupé la Fiscalía General hicimos un esfuerzo muy importante en reforzar la Fiscalía Anticorrupción y en crear delegaciones en zonas como Baleares, Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Canarias… Esas fiscalías han empezado a trabajar de una manera muy intensa y, obviamente, cuanto más se investiga, se profundiza y se explora, más asuntos van apareciendo. El hecho de que en este momento afloren más asuntos de corrupción no quiere decir que existan más ahora de los que existían antes sino que se está investigando con mayor profundidad.
¿Hay suficientes recursos para investigar estos casos?
Los recursos nunca son demasiados y la justicia nunca ha dispuesto de todo lo que le vendría bien. Pero yo creo que hay una Fiscalía Anticorrupción fuerte que tiene capacidad para investigar bastante a fondo.
¿Cómo valora la imputación de la Infanta Cristina?
Está sometida a un recurso y por tanto habrá que esperar a ver lo que dice el tribunal. Yo confío en que la Audiencia de Baleares dictará la resolución justa.
Cambinado de cuestión, ¿Qué deben hacer los jueces ante los casos de desahucios que están en proceso mientras no se reforma la legislación hipotecaria? Algunos se están organizando para establecer criterios únicos, pero estos cambian en función de cada ciudad…
Ha sido muy importante de que se haya planteado una cuestión ante el Tribunal europeo por un juez de Barcelona, un magnífico juez. A partir de ahí tendremos que cambiar la regulación y eso le corresponde al Parlamento. Mientras, lo lógico es que los jueces se vayan coordinando para tomar decisiones que garanticen la seguridad jurídica. Es decir, que actúen de una forma conjunta para no tomar decisiones que perjudiquen a la igualdad entre ciudadanos. Eso es lo que se está haciendo y a mi me parece que sería necesario que las decisiones que se van tomando en cada una de las decisiones se coordinasen a nivel general.
¿Quién debería coordinarlo?
El órgano competente es el Consejo General del Poder Judicial ya que el Supremo solo actua cuando llega un recurso, si es que en algún momento se plantea.
En otro orden de cosas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, movilizó hace pocas semanas a los fiscales autonómicos para pedirles información sobre los escraches y analizar así, la relevancia penal que puedan tener. ¿Qué postura tiene entorno a esa cuestión?
Yo respeto la decisión del Fiscal General y como Magistrado del Supremo no tengo nada que decir. Lo siento, pero no me corresponde a mi juzgar ciertas decisiones y no voy a pronunciarme sobre cuestiones de actualidad jurídica más allá de lo que vine a exponer en el foro de juristas europeos.
Bien, háblenos de la fiscalía europea.
Creo que los intereses financieros de la comunidad no están bien protegidos y esa es, quizá, una de las razones de la crisis en la que nos encontramos. Cuando ocupé la Fiscalía General y España ocupaba la presidencia de la Unión Europea, en 2010, puse mucho interés en proponer la figura de un fiscal europeo. Actualmente, la Comisión está poniendo en marcha esta propuesta.
¿Por qué cree que los intereses financieros de la comunidad no están protegidos?
Europa tiene unos intereses económicos que nos afectan a todos y que, efectivamente, están muy desprotegidos. Por ejemplo, la protección del dólar como moneda siempre ha tenido una fiscalía detrás para evitar cualquier falsificación, especulación o abuso. Sin embargo, el euro no tiene la misma protección. Estamos en la crisis del euro y eso, con un sistema jurídico y económico más integrado se podría haber evitado.
Creo que es importante que se ponga en marcha el fiscal europeo y creo, además que es necesario que lo haga respetando, al mismo tiempo, los derechos de todos los ciudadanos. Por lo tanto sostengo que es necesario que la jurisdicción siga siendo la nacional, la jurisdicción de los tribunales españoles.
El juicio, por lo tanto, se celebrará en cada país concreto.
Sí. El Tratado de Lisboa prevé que la jurisdicción siga siendo nacional así que tenemos que establecer una figura europea pero con fiscales delegados para que las investigaciones y el juicio sigan siendo nacionales. Pero la investigación y las líneas de actuación se van a coordinar desde la sede de la Fiscalía Europea que será en La Haya o en Luxemburgo, todavía no se ha decidido.
¿Cuando está previsto que se ponga en marcha?
La propuesta se presentará este verano y tendrá que ser objeto de debate en el Parlamento y en el Consejo. Creo que puede tardar un par de años en estar en activo.
¿Qué materias serán objeto de protección?
En una primera fase, y a parte del euro, todos los intereses financieros de la comunidad: blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, delitos fiscales… Todo aquello que afecte al presupuesto y a los gastos de la Unión Europea. Estos gastos nos corresponden a todos pero en este momento no están protegidos por nadie y eso es lo que va a hacer el fiscal europeo.
