Miguel Angel Serrano
Miguel Angel Serrano

El supuesto que, en concreto, se plantea es el siguiente: si la cesión a un tercero, por parte del contratista, del crédito que tiene frente al dueño de la obra o comitente en virtud del contrato de obra extingue la acción directa que el artículo 1597 del Código Civil otorga al subcontratista.

Pues bien, al respecto debe tenerse presente, y como cuestión previa, que no todos los negocios mediante los que se realizan las cesiones de créditos tienen un efecto traslativo del crédito. En este sentido, por ejemplo, si se trata de una cesión para gestionar el cobro del crédito, dicha cesión atribuye simplemente legitimación para exigir el pago de este último, pero no traslada al tercero la titularidad del referido crédito. De ahí que no pueda oponerse tal cesión frente a terceros acreedores del contratista cedente, bien sean los que se encuentran en el ámbito del artículo 1597 del Código Civil o cualesquiera otros.

Y por lo que se refiere a los negocios de cesión del crédito que tienen, con carácter general, efecto traslativo del crédito al tercero, debe ponderarse la especialidad que, en el régimen de la cesión de créditos y cuando éstos procedan de un contrato de obra, introduce la previsión contenida en el artículo 1597 del Código Civil y la posición privilegiada que de la misma resulta para los subcontratistas que han puesto su trabajo y los materiales en la obra. Y así, de la mencionada especialidad se deriva una doble excepción:

(i)      Al principio general de la relatividad de los contratos (artículo 1257 del Código Civil ), ya que atribuye la acción directa contra el comitente a alguien ajeno al contrato de obra que aquél ha concertado con el contratista; y

(ii)     A los efectos ordinarios de las cesiones de crédito, pues tal cesión no priva al subcontratista de la acción directa contra el dueño de la obra en tanto que el crédito del contratista frente a dicho dueño o comitente no haya sido pagado antes del requerimiento extrajudicial de pago o, a falta de éste, del judicial mediante la  presentación de la demanda en la que se ejercite la referida acción directa reconocida en el citado artículo 1597 del Código Civil, dado que esos requerimientos llevan consigo una exigencia de conducta de abstención del destinatario que impide realizar el pago liberatorio. Se trata, por tanto, de una excepción al régimen general que resulta del artículo 1526 del mismo Código.

Por tanto, el crédito del contratista soporta, como cualidad, la afección al pago de la acción directa desde que nace. Y la posterior cesión de ese crédito a un tercero no suprime tal cualidad,  en la medida en que la acción directa es inmune frente a la mencionada cesión, que está afecta desde la coexistencia de ambos créditos: el del contratista contra el dueño de la obra y el del subcontratista frente al contratista.

Y esta característica especial es una manifestación, en el contrato de obra sobre bien inmueble, del principio general, que puede inferirse de varios preceptos del Código Civil, dirigido a la protección de quien más directamente ha hecho posible que la cosa llegue a existir o, existiendo ya, conserve o aumente su valor. Manifestaciones de este principio pueden encontrarse en varios artículos del Código Civil: 453[1], 502 y 522[2], 1600[3], 1730[4], 1780[5], y 1923.3º y 5º[6].

Como en el caso de quien pone su trabajo y materiales en una obra, por la propia naturaleza y ejecución del contrato de obra en inmuebles, no cabe el derecho de retención, por eso en el artículo 1597 del Código Civil se le reconoce una acción directa cuya razón de ser no es tanto la relación entre sujetos, sino su aportación directa de trabajo y materiales a la obra. Además, no debe olvidarse que el subcontratista, de ordinario, se encuentra en una posición contractual débil que le impide exigir anticipadamente garantías de satisfacción del crédito que resulte de la citada aportación y que, por tanto, sólo dispone para satisfacer su crédito, como garantía adicional a la responsabilidad patrimonial del contratista, de este régimen excepcional de la acción directa del artículo 1597 del Código Civil, que no puede quedar reducida a papel mojado si se otorga a la cesión de créditos una eficacia enervadora del ejercicio de tal acción, y más aún si tenemos presente la habitualidad de la cesión de créditos como mecanismo de financiación.

Ahora bien, no se nos oculta que igualmente pueden concurrir ciertos efectos distorsionadores de este régimen, como que el dueño de la obra se vea obligado a pagar dos veces el crédito que contra él tenía el contratista, o que el cesionario financiador no pueda cobrar el crédito cedido porque el deudor consigne la cantidad adeudada por reclamar el pago también el subcontratista. Pero debe ponderarse al respecto que tanto el dueño de la obra como aquel cesionario, por la fortaleza de la posición contractual que tienen ordinariamente, disponen de medios para cerciorarse razonablemente de que el contratista ha satisfecho o asegurado las deudas que mantiene respecto de los subcontratistas con motivo de la obra ejecutada de la que deriva su crédito frente al comitente. Además, disponen en su caso de acciones de regreso o de enriquecimiento injusto contra el cedente.

Y por último, no debe olvidarse que cuando el legislador ha querido dejar sin efecto, frente a la cesión de créditos, el régimen excepcional del artículo 1597 del Código Civil en determinadas parcelas de la contratación, lo ha hecho expresamente[7]. Mientras una previsión expresa de estas características no sea aplicable a otros campos de la contratación, el citado régimen excepcional del artículo 1597 del Código Civil frente a las cesiones de crédito ha de pervivir.


Miguel Ángel Serrano

Socio. Director del Departamento de Procesal y Arbitraje

Crowe Horwath, Legal y Tributario (Member Crowe Horwath International). Madrid


[1] Derecho de retención del poseedor de buena fe hasta que se le abonen los gastos necesarios y útiles realizados en la cosa poseída.

[2] Derecho de retención del usufructuario que ha realizado reparaciones extraordinarias indispensables para la subsistencia del bien usufructuado hasta que el propietario se las abone.

[3] Derecho de retención a quien ha ejecutado una obra en cosa mueble hasta que se le pague el precio de la obra.

[4] Derecho de retención del mandatario sobre las cosas objeto del mandato hasta que reciba los reembolsos e indemnizaciones a que tiene derecho por el desempeño del mandato.

[5] Derecho de retención del depositario sobre las cosas objeto del depósito hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito.

[6] Privilegio del acreedor refaccionario.

[7] Así, por ejemplo, en los artículos 218.4 y 227.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.