La Plataforma ‘Justicia para Todos’, constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ, ha acordado apoyar la manifestación estatal en defensa de la Administración de Justicia que se celebrará el próximo sábado 19 de enero en Madrid.
El acto de protesta, que empezará a las 12:00 horas en la plaza de Cibeles y finalizará en el Ministerio de Justicia (c/ San Bernardo 45) se ha convocado para defender los derechos de los ciudadanos ante las limitaciones para acudir a los tribunales y por la imposición de tasas judiciales que suponen una barrera para el acceso a la jurisdicción.
La ‘Plataforma Justicia para Todos’, nacida en diciembre de 2012, acordó en su reunión celebrada el pasado 28 de diciembre apoyar la manifestación para reiterar su compromiso con la mejora del Servicio Público en defensa de los intereses generales, pues aseguran que «la Administración judicial está relegada del proceso de modernización acometido en otros ámbitos públicos».
Ante determinadas medidas adoptadas recientemente, la Plataforma recuerda que «se va a agravar la actual situación de deterioro institucional», por lo que reclama un «diálogo constructivo y soluciones eficaces» ante los «graves» problemas existentes en la Justicia.
La Abogacía, junto al resto de miembros de la Plataforma, ha solicitado al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y «evitar los efectos negativos que tiene en la ciudadanía». Además, ha propuesto al Ejecutivo que sea capaz de generar un «amplio» Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y, sobre todo, ha insistido, «que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002».
Jueces y fiscales reiteran la amenaza de huelga
Por su parte, las siete asociaciones de jueces y fiscales unidas en la ‘Comisión Interasociativa en Conflicto’ se reunieron el pasado martes y emplazaron al Ministro de Justicia dar una «respuesta satisfactoria» a sus exigencias antes del 5 de febrero, fecha límite, en la que aseguran que de no ver atendidas sus pretensiones, irán la la huelga «dentro de los diez días siguientes».
La comisión interasociativa se pronuncia, mediante la redacción de un comunicado, sobre el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobado por el Consejo de Ministros y reivindica que el sistema de elecciones de vocales judiciales garantice la independencia del Poder Judicial y evite intromisiones políticas. Asimismo, pide que se garantice que el CGPJ pueda velar por la independencia de los jueces y que se refuerce la autonomía e imparcialidad de los fiscales frente al poder político en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Las asociaciones de jueces y fiscales también reclamaron al Gobierno que cuente con la opinión de los colectivos jurídicos, «que tienen un mayor conocimiento de la realidad de la Justicia» a la hora de legislar y que se reforme la ley de tasas para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
La reunión tuvo lugar un día después de que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -presidida desde hace menos de una semana por el magistrado de la AP de Barcelona, Pablo Llarena– mantuviera una reunión con el Ministro de Justicia, en la que Gallardón se comprometió a estudiar sus sugerencias en las reformas pendientes.
