El grupo hotelero radicado en Ibiza, Grupo Playa Sol, conocido como GPS, solicitó el pasado 14 de enero ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca, a través de sus asesores legales, Cremades & Calvo-Sotelo, el mayor concurso de acreedores de la historia de España en cuanto al número de sociedades y volumen documentación.

Concretamente, de las 300 sociedades que componen el Grupo, 266 de ellas se encuentran en situación insolvencia, siendo los principales acreedores entidades financieras y administraciones públicas. En la actualidad GPS ostenta aproximadamente el 20% de la ocupación hotelera de Ibiza, unas cinco mil camas y 1.200 trabajadores en plantilla, entre fijos y temporales.

Según los abogados de Cremades & Calvo-Sotelo «la complejidad de este procedimiento concursal radica en que, pese a la ingente cantidad de sociedades que componen el Grupo, las mismas no constituyen un grupo de empresas jurídicamente considerado, habiéndose tenido que presentar la solicitud de concurso de acreedores de forma individual para cada sociedad, sumando más 150.000 folios y 500 dispositivos electrónicos para la aportación de la información necesaria».

En el año 2012, GPS alcanzó unos ingresos de 45 millones de euros, si bien el pasivo histórico que arrastra la sociedad, aproximadamente 300 millones de euros, ha obligado a que los administradores judiciales del Grupo, nombrados en el mes de mayo de 2010, se hayan visto obligados a solicitar la declaración de concurso de acreedores de la práctica totalidad de las sociedades del Grupo.

Con la solicitud de este procedimiento concursal, GPS y sus asesores legales confían en la continuidad de la vida de la compañía, asegurando la apertura de los establecimientos hoteleros durante el año 2013 así como de sus puestos de trabajo, «siendo necesario destacar la magnífica evolución de reservas que está experimentado el Grupo para esta temporada», según han informado los letrados responsables del caso.

Por otra parte, los sindicatos en Baleares CCOO y UGT han pedido 16 años de cárcel y una multa de 3,4 millones de euros para el propietario de GPS, Fernando Ferré, al considerarlo autor de ocho delitos de tipo fiscal, económico y laboral. Asimismo, han pedido 9 años de prisión y una multa de cifra similar a la «mano derecha» de Ferré.

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