El Presidente Sebastián Piñera fue acusado constitucionalmente por consentir que las Fuerzas Armadas cometieran violaciones a los derechos humanos.

Esta es la segunda acusación constitucional en la historia de Chile en contra de un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo. La primera fue en 1956 contra el presidente Carlos Ibáñez Del Campo.

El día 19 de noviembre fue presentada por diputados y diputadas de la oposición el documento que acusa al primer mandatario por los actos de su administración.

Se le adjudica responsabilidad por aquellos actos gubernamentales que comprometieron gravemente el honor de la Nación; por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes al consentir en que las Fuerzas Armadas y de Orden perpetraran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada.

Para los acusadores, la presidencia estaba en manos de “un ciudadano desprovisto de ponderación para dirigir nuestro país; carente de todo principio jurídico, más que eso, la ley le molesta y le estorba; que no comparte ni siente los principios de una democracia bien constituida como la nuestra; que cree que el poder se ejercita bajo el signo de su sola determinación y no por el libre juego de los Poderes e Instituciones que dan base a la Nación”.

El Presidente respondió a esta acusación a través de una carta dirigida a la Cámara de Diputados en la que rechaza su acusación señalando que “estoy en situación de afirmar, afortunadamente, que toda mi vida de militar, de simple ciudadano y de gobernante, se ha orientado en todo momento y bajo todas las circunstancias, por este ‘santo egoísmo’ que es el amor a la Patria”.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, la Cámara de Diputados inició su sesión destinada a considerar la acusación constitucional deducida por once diputadas y diputados en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

En virtud de lo establecido en el artículo 43 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en el caso de deducirse la cuestión previa, esto es, que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala, la Cámara la resuelve después de oír a los diputados miembros de la comisión informante. 

Según lo previsto en los artículos 44 y 45 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, desechada la cuestión previa o si ésta no se hubiere deducido, la Cámara de Diputados debe proceder del siguiente modo:

Si el informe de la comisión recomienda aprobar la acusación, se le da la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla y, después de oír al afectado, si está presente, o se lee la defensa escrita que haya enviado.

Si el informe de la comisión recomienda rechazar la acusación, se le da la palabra a un diputado que la sostenga y después puede contestar el afectado o, si éste no lo hace, un diputado partidario de que se deseche.

Por último, el afectado puede rectificar hechos antes del término del debate. Igual derecho tiene el diputado informante de la comisión, cuando ésta recomiende acoger la acusación y un diputado que la sostenga, si la comisión recomienda rechazarla.

El libelo acusatorio, que estaba contenido en dos grandes capítulos, finalmente fue rechazado en la Sala por por 48 votos por la negativa, contra 30 votos por la afirmativa, más 37 abstenciones.

Fuente: Cámara de Diputados, Gobierno de Chile