Se calcula que al menos 20.000 niños y niñas fueron dados en adopción de forma irregular o sustraídos durante el régimen de Augusto Pinochet
El tema de las adopciones irregulares en Chile ha vuelto a ponerse en el centro de la agenda pública y judicial debido a dos hitos históricos fundamentales ocurridos recientemente: un histórico procesamiento judicial por redes de la dictadura y la revelación de que estas prácticas continuaron ocurriendo de forma sistemática durante la democracia.
La justicia chilena ha tramitado más de 1.300 causas vinculadas a estas sustracciones e irregularidades.
Es la primera vez que un tribunal chileno logra acreditar judicialmente la existencia de una red organizada de sustracción (médicos, asistentes sociales, religiosas y jueces). La justicia incluso solicitó la extradición desde Israel de una exjueza de menores chilena involucrada en el entramado.
Los escándalos de adopciones irregulares y sustracción de menores en Chile abarcan una oscura trama que se extendió desde la dictadura militar (1973–1990) e incluso continuó en periodos posteriores de la democracia.
El sistema apuntaba a madres de escasos recursos o solteras, a quienes se les engañaba haciéndoles creer que sus hijos habían nacido muertos, o bien se les coaccionaba para entregar a los bebés.
Los menores eran entregados a través de redes ilícitas a familias en el extranjero (principalmente en Italia y Estados Unidos), donde los adoptantes llegaban a pagar altas sumas de dinero (hasta 50.000 dólares).
El impacto actual de la discusión no se limita al pasado lejano. Reportajes periodísticos de impacto masivo (como el emitido por Informe Especial de TVN en octubre de 2026) revelaron que las adopciones irregulares continuaron realizándose en plena democracia de forma sostenida entre la década de 1990 y los años 2020.
Organizaciones sin fines de lucro, siendo la más emblemática la ONG Nos Buscamos fundada por Constanza del Río, han mantenido el tema vivo al canalizar miles de solicitudes de personas adoptadas en el extranjero que buscan sus raíces.
Gracias a la masificación de los test de ADN ancestrales, cientos de jóvenes criados en Europa o Norteamérica han descubierto en los últimos meses que sus adopciones fueron ilegales y que sus madres biológicas chilenas los siguen buscando, forzando la atención de las autoridades chilenas e internacionales.
Dado que las adopciones irregulares en Chile (particularmente las ocurridas entre las décadas de 1950 y 1990 o durante la dictadura militar) involucraron redes complejas de sustracción y falsificación de documentos, las organizaciones civiles suelen ser el apoyo más rápido y efectivo. Ellas gestionan bancos de ADN y asesoría legal:
Hijos y Madres del Silencio (HMS): Agrupación chilena dedicada exclusivamente a acompañar a víctimas de adopciones ilegales y robo de niños. Ayudan con orientación y cruce de datos.
Nos Buscamos: Fundación que trabaja activamente reuniendo familias separadas por adopciones forzadas a través de alianzas con laboratorios de ADN genético.
Connecting Roots: Organización enfocada principalmente en personas que fueron adoptadas desde Chile hacia el extranjero (especialmente Estados Unidos) de manera irregular
