Estados Unidos llevaría a Colombia tecnología para rastrear movimientos, rutinas y posibles escondites
Un equipo de ingenieros de Colombia y Estados Unidos desarrolla tecnología de rastreo satelital para ubicar a integrantes de grupos armados en Colombia.
Ingenieros y programadores estarían desarrollando capacidades técnicas para acceder a los programas que operan antenas satelitales, teléfonos satelitales, computadores y otras herramientas tecnológicas utilizadas por este tipo de grupos armados.
Accediendo a esa información, las autoridades buscarían acelerar la ubicación de objetivos militares y planificar operaciones contra los responsables de actividades criminales.
Esta estrategia coincide con la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, que ha impulsado un vínculo diplomático de cooperación con el jefe de Estado norteamericano.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha adoptado una postura de mano dura contra los grupos armados ilegales, terminando los diálogos de paz y proponiendo una estricta ley de sometimiento.
El gobierno de De la Espriella terminó formalmente los diálogos con tres grupos armados ilegales (el Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada) debido a la falta de una voluntad real de paz o reinserción.
Proyecto de ley de sometimiento
El gobierno radicó un nuevo proyecto de ley de sometimiento a la justicia, presentado como la normativa más severa en la materia frente a las políticas anteriores.
La iniciativa, presentada por los ministros Iván Cancino y Rodrigo Lara, tendrá mensaje de urgencia y será estudiada conjuntamente por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. El Ejecutivo prepara además un estatuto antiterrorista.
El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó este martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso un proyecto de ley para establecer las condiciones jurídicas bajo las cuales los grupos armados organizados podrán someterse a la justicia.
La propuesta tiene por objetivo establecer una ruta legal para facilitar el sometimiento de estructuras criminales, con el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden público, proteger a la población civil y avanzar en el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales
El texto aclara que ninguna oferta de sometimiento detendrá la acción legítima de la fuerza pública, ni suspenderá las órdenes de captura o los pedidos de extradición en curso mientras se define la situación jurídica de los integrantes.
La exposición de motivos argumenta que las organizaciones armadas operan bajo una racionalidad criminal y económica basada en el control territorial y el narcotráfico.
Bajo dicha premisa, la propuesta establece una ruta jurídica en la que tendrán responsabilidades el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Entre sus disposiciones contempla la creación de una unidad especializada para investigar y judicializar a los actores armados ilegales que se sometan a la Constitución y la ley.
Acciones de la Fuerza Pública
El Ejecutivo ha respaldado y confirmado operaciones del Ejército y la Policía Nacional contra estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país, advirtiendo que los grupos deben someterse a la justicia o enfrentar de lleno el accionar estatal.
