Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados inició estudio de moción que fortalece normas antidiscriminación.
La Comisión de Derechos Humanos comenzó el análisis del proyecto que modifica y fortalece la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín 12748).
La iniciativa, que busca actualizar la ley Zamudio, se encuentra en segundo trámite. Para ello, la comisión recibió la opinión del Ejecutivo en voz de la ministra de Justicia y de la subsecretaria de DD.HH.
La iniciativa busca actualizar la normativa también conocida como Ley Zamudio con el fin de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad.
En la sesión, se conoció la opinión del Ejecutivo a través de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de la subsecretaria de DD.HH., Haydee Oberreuter.
La secretaria de Estado indicó que hay evidencia empírica de que la actual normativa es “poco eficaz para proteger los derechos de las personas que han sufrido discriminación”.
Al respecto, informó que, según la División de Estudios de la Corte Suprema, a agosto de 2021, de 468 procesos civiles, solo 274 cuentan con sentencia definitiva.
A ello se suma una Consulta Nacional de Discriminación realizada por el gobierno anterior (Segegob). Ella arrojó que el 48% de los participantes se ha sentido discriminado por su origen socioeconómico, apariencia, tendencia política o sexual.
Igualmente se refirió al incremento de la violencia y atentados contra la integridad física de las personas de disidencias sexo genéricas.
La secretaria de Estado se manifestó a favor de perfeccionar la normativa. Igualmente, respecto de avanzar hacia mecanismos más efectivos en hacer valer los derechos de las personas, para que reciban protección y reparación.
Entre los avances de la moción mencionó el cambio del objeto de la ley vigente y la eliminación de un artículo que limita el alcance de su aplicación. Por otra parte, destacó la incorporación de la acción indemnizatoria en el mismo procedimiento civil.
Mientras, la subsecretaria Oberreuter planteó que se debe profundizar y revisar lo aprobado hasta el momento. Por ejemplo, los conceptos y definiciones, así como evaluar la legitimidad activa para demandar, tanto de las personas como de los grupos de interés colectivo o difuso.
Junto a lo anterior, cautelar las acciones de reparación y analizar los mecanismos y las cargas probatorias. Esto, ya que se puede afectar la igualdad de las partes y el debido proceso.
Finalmente, consideró que existe una institucionalidad pendiente, que se haga cargo de la discriminación.
El proyecto tiene como objetivos principales la erradicación, prevención, sanción y reparación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas. De igual modo, la promoción del principio de igualdad y no discriminación, junto con la finalidad de instaurar un procedimiento judicial especial y rápido.
También redefine y amplía el concepto de discriminación arbitraria. Por ella se entenderá toda distinción, exclusión, preferencia o restricción carente de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares.
Adicionalmente, se aplicará respecto de aquellas acciones que tengan por resultado la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Lo anterior, tomando como base lo establecido en la Constitución o en tratados internacionales sobre DD.HH. ratificados por Chile.
Fuente: Prensa Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
