Ser asesor fiscal es una profesión de riesgo”. Así de claro se mostró Diego Cabezuela, abogado y socio director de Circulo Legal Madrid, al hablar sobre la figura del asesor fiscal y sus frecuentes implicaciones en procesos penales derivados de fraudes fiscales u operaciones de sus clientes.  

Es preciso dar una regulación ecuánime a la profesión de asesor fiscal. Proporcionarla un marco claro de actuación y seguridad jurídica, que despeje las dudas sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer”, advirtió Cabezuela en un encuentro para juristas y profesionales del sector legal, celebrado en el Club Financiero Génova, junto a Madrid Foro Empresarial.

En su intervención, el abogado explicó cómo, casi a diario, saltan a los medios noticias sobre asesores fiscales investigados o acusados junto a sus clientes. En algunos casos, por aconsejarles sobre estructuras de “ingeniería” fiscal, -por ejemplo, a través de paraísos finales o testaferros-, y en otros, por ir incluso más allá y colaborar de forma directa para poner en práctica esas mismas estructuras de fraude.  

Citó como ejemplos de los últimos años los casos de celebridades o futbolistas que ceden sus derechos de imagen a favor de sociedades “off shore” para mantener opacos esos ingresos a la Agencia Tributaria española y que han dado lugar a muchos procesos y condenas “dispositivos en cuya creación se adivina claramente la mano de los asesores fiscales y en los que el quebrantamiento del Código Penal es evidente y rotundo”, añadió.

Para Antonio del Moral, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, esta responsabilidad del asesor está ligada a los argumentos de defensa que plantean los personajes públicos acusados de fraude fiscal, que se escudan en el “desconocimiento del asesorado” cuando son citados ante los tribunales y señalan como autores de las decisiones a sus asesores.

Ausencia de protección legal para los asesores fiscales

El consejo del experto es informar a los clientes de las normas tributarias con “neutralidad”, abstenerse de proponerles irregularidades y, en todo caso, de llevar a cabo cualquier operación  que suponga una ocultación de datos a la Hacienda Pública.

Sin embargo, en determinados niveles, trazar los límites no es tan sencillo. He visto a asesores fiscales envueltos en procesos penales por haber recomendado o gestionado cuestiones perfectamente interpretables desde el punto de vista de la normativa tributaria y en los que no había existido, ni ‘ingeniería’, ni ocultación de datos a la Hacienda Pública”, reveló Cabezuela.

El  abogado y socio director de Circulo Legal Madrid criticó también  la normativa  sobre blanqueo de capitales, que, a su juicio,  sitúa a los asesores fiscales en situación muy difícil, dado que, si bien la Ley 10/2010 libera a los abogados de las principales obligaciones de control a sus clientes, información al SEPBLAC y demás, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con su defensa o asesoramiento, esta liberación no existe para  los asesores fiscales, a pesar de que con muchísima frecuencia abordan situaciones idénticas a las de los abogados.

En definitiva, abogó el establecimiento de criterios seguros de actuación para estos profesionales y, mientras tanto, por la implementación de programas de compliance en las consultoras fiscales que puedan monitorizar los encargos recibidos y neutralizar los riesgos de incurrir en responsabilidad penal.

Entretanto, creo que la implementación de programas de compliance penal en las asesorías fiscales puede ser de gran ayuda para evitar sustos y contratiempos y proporciona en el caso de que sea necesario, un poderoso argumento de defensa ante un Juzgado”, concluyó.

Una regulación en constante evolución

En lo que respecta al futuro de la profesión, el vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Eduardo Gracia, señaló que “desde hace años el sector de la asesoría fiscal en España ha cambiado y mejorado mucho”, señalando como ejemplo casos como el de “Los Papeles de Panamá”, en los que ningún despacho español figuraba entre los listados.

Gracia detalló que, desde la entrada en vigor de la normativa de blanqueo de capitales en 2003, la profesión del asesor “no ha hecho más que regularse. En este sentido, se refirió a los casos de evasión fiscal mediante cambios fraudulentos de residencia, cada vez menos frecuentes.

El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, coincidió de lleno con Gracia y afirmó que “utilizar paraísos fiscales debe ser siempre una decisión muy meditada por el contribuyente, pues ahora hay demasiado rastro de todo y el fraude es sencillo de investigar”.

Más allá de esto, ambos profesionales explicaron que cada vez es menos frecuente en la práctica profesional de los asesores la aceptación de los llamados “casos peligrosos”. Fernández habló de una normativa que obliga al asesor a “ser más cauto” y “autoprotegerse”, mientras que Gracia, por su parte, destacó el riesgo que supone que “los honorarios de un asesor fiscal dependan del ahorro fiscal que le genera al cliente, aunque matizó, que se trata de una fórmula de retribución en claro retroceso.

Fuente: Círculo Legal

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