El Senado comunica que se encuentra en condiciones de convertirse en ley las nuevas reglas para expulsiones administrativas
El proyecto busca otorgar más competencias al Estado y agiliza procesos en materia de expulsiones y migración irregular.
Las expulsiones administrativas son herramientas jurídicas ejecutadas directamente por la autoridad migratoria de un país (sin necesidad de pasar inicialmente por un largo juicio penal). Los gobiernos y defensores de estas medidas argumentan que son necesarias para combatir la migración irregular por las siguientes razones:
El canal judicial para dictar una sentencia firme puede tomar meses o años. La vía administrativa permite procesar y materializar la salida de personas en situación irregular de manera mucho más rápida, descongestionando los tribunales
El proyecto perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa y sorteó una serie de trámites legislativos, incluidos la conformación de una Comisión Mixta, la que acordó el respectivo informe, ratificado por la Sala del Senado por 37 votos a favor y 1 abstención.
Cabe recordar que el mensaje, que modifica la Ley 21.325, avanza en mayores facultades a los organismos públicos competentes, mejora la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la Comisión Mixta, detalló la forma y modo de resolver propuesta y destacó que la instancia incluyó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
La Corte Suprema de Chile informó con observaciones el proyecto de ley que agiliza las expulsiones administrativas y reforma la Ley de Migración y Extranjería. El máximo tribunal validó el ingreso por paso no habilitado como causal de expulsión y valoró positivamente cambios en el proceso penal y la prohibición de reingreso.
La Comisión Mixta alcanzó una serie de acuerdos, entre otros, el aumentar de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
También se valoró que se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión y se recordó que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
Asimismo, se resaltó que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Los senadores señalaron el sentido de “urgencia” de la medida; principalmente haciendo alusión a “las consecuencias que han debido enfrentar las regiones del norte del país”, que han enfrentado una “crisis migratoria”.
Con todo, se dejó constancia de que la aplicación de la norma “requiere de recursos”, “capacidad policial” y “coordinación internacional”, por lo que insistieron en la necesidad de contar con las divisas en el presupuesto 2027.
