La Defensoría de las Personas será la encargada de velar por la promoción, tutela, protección y resguardo de los derechos y garantías constitucionales.

El organismo es una figura constitucional en defensa de los ciudadanos. En gran parte de latinoamérica existe, conocidos también como defensor de las personas u ombudsman.

Chile es uno de los pocos países que no cuentan con uno, aunque intentos han existido. La iniciativa actual es de autoría de los senadores Francisco Chahuán, Adriana Muñoz, Alejandro Guillier, Juan Ignacio Latorre y Alejandro Navarro.

La propuesta dispone que el instituto a ser creado vele concretamente por la promoción, tutela, protección y resguardo de los derechos y garantías asegurados por Constitución y los tratados internacionales vigentes.

Lo anterior, frente a actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que realizan actividades de servicio o utilidad pública.

“Es como un Contralor pero para los Derechos Humanos”, explica Javier Couso, abogado constitucionalista, profesor de la facultad de derecho de la universidad Diego Portales.

“Es un órgano que se espera que actúe rápido a favor de grupos que son muy vulnerables y que ven sus Derechos Humanos transgredidos por el aparato estatal (…) creo que sería una aporte a una nueva Constitución”, agrega Couso.

La Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento será la instancia establecida para efectuar el análisis del proyecto de ley que propone modificar la Carta Fundamental, con el objeto de crear la Defensoría de las Personas, que será designado por el presidente de la República, con acuerdo de la Cámara.

La moción precisa que para que la democracia chilena cumpla cabalmente con los principios que la inspiran, en especial el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los habitantes de la nación, es indispensable que la Carta Fundamental contemple el cargo de Defensor de las Personas.

Este nuevo organismo debe tratarse de un ente autónomo, con personalidad jurídica de derecho público que velará por la promoción, tutela y protección de los derechos y garantías asegurados en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y en las leyes, ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.

En lo que respecta a su competencia, su carácter genérico debe ser la de defensa y promoción de los derechos e intereses vinculados a las prestaciones del Estado, incluyendo también la defensa de los derechos frente a las personas naturales y jurídicas que ejercen actividades de servicio o utilidad pública.

Las atribuciones que deberán entregársele a este organismo deben estar contempladas en la Ley Orgánica Constitucional al efecto.

El Defensor de las Personas deba ser designado por el presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

Fuente: Prensa Senado de la República de Chile


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