La Comisión de Educación se reunió ante la posibilidad que sea revocado el reconocimiento al plantel de la Universidad de la República.
Revocación del reconocimiento oficial
Las y los diputados de la Comisión de Educación realizaron una sesión especial para poder recibir antecedentes sobre la situación de la Universidad La República luego que la Superintendencia de Educación Superior recomendará revocar su reconocimiento oficial.
En particular, la preocupación de los parlamentarios está centrada en cómo esta decisión, que podría conllevar el cierre de la universidad, afectará a los casi 4 mil alumnos que hoy cursan estudios, mayoritariamente en jornadas vespertinas en las 11 sedes del país, desde Arica a Temuco.
Para ello, escuchó al superintendente de Educación, Jorge Avilés, al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, al rector Fernando Lagos y a representantes de alumnos y docentes.
El superintendente remarcó a los legisladores que la solicitud de revocación del reconocimiento tiene como “único objetivo proteger la continuidad de estudios de sus alumnos”.
La Problemática de los alumnos
Los estudiantes se encuentran afectados, el 90% son trabajadores con edades entre 25 y 50 años, y que corresponden en su mayoría a jefes o jefas de hogar. Además, el 76% de los estudiantes corresponden a carreras del área de la salud.
Problemas financieros
Respecto de los problemas financieros del plantel, la deuda histórica considerada por las autoridades es de hechos anteriores al periodo 2016, año límite que la actual legislación considera para iniciar investigaciones administrativas o levantar cargos.
Las autoridades fiscalizadoras fueron acusadas de ocultar información y que “las conclusiones que se desprenden son equivocas e inducen a error”.
Riesgo para estudiantes
El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, expuso a la comisión el detalle de todo el proceso de fiscalización realizado, donde se concluyó que “la Universidad La República no cuenta con las condiciones mínimas necesarias ni suficientes para que los estudiantes puedan cursar de manera adecuada las carreras y programas de estudios ofrecidos, existiendo un riesgo real de que estos se vean interrumpidos de manera inminente”.
La universidad tiene incumplimientos recurrentes de las obligaciones previsionales de sus trabajadores (más de 4 mil deudas vigentes a noviembre de 2020) con deudas en 11 instituciones previsionales, demandas por este mismo concepto, multas en la Dirección del Trabajo y deudas por impuestos y créditos fiscales.
Lo más grave: la universidad enfrenta el próximo remate de su casa central, en Santiago, pospuesto por el Estado de Excepción.
Reubicación
En esa misma línea, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, aclaró que una vez que el CNE tome una decisión, y dependiendo de esta, se usarán todos los mecanismos que la ley establece para proteger a los estudiantes, por la vía de terminar los estudios en la misma universidad, el nombramiento de un administrador de cierre o la reubicación en otros planteles.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
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