Firman protocolo de acción para instituciones que auxilian a la justicia en la búsqueda e identificación de víctimas de desapariciones forzadas en dictadura.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Poder Judicial, Ministerio Público, PDI y Carabineros de Chile, firmaron un protocolo de acción para instituciones que auxilian a la justicia, en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Lo anterior, con el objetivo de estandarizar el manejo de osamentas, asegurar un adecuado resguardo y tratamiento de la evidencia.
La iniciativa establecerá la coordinación institucional a través de una mesa intersectorial para auxiliar la administración de justicia en la búsqueda de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El avance en ese tipo de procedimiento, reafirma el compromiso del Estado de Chile ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006.
El protocolo fue suscripto por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional (S), Xavier Armendáriz; el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yañez y el Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.
En la ocasión el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, destacó la esperanza en las “instituciones que se refleja en el trabajo realizado y en el protocolo que hoy firmamos, de que es posible avanzar al establecer reglas mínimas de las actuaciones que cada una de nuestras instituciones debe desarrollar, para avanzar en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”.
El Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, declaró que: “El protocolo que se suscribe hoy y las medidas complementarias adoptadas por esta Corte Suprema, proporcionan nuevas y mejores herramientas para un actuar coordinado de las entidades del Estado que colaboran, desde sus propias competencias, en la investigación de casos de desapariciones forzadas. Sin este esfuerzo mancomunado, cualquier paso individual de cada institución será estéril en este trascendental desafío que seguimos teniendo presente”
“Este protocolo tiene en el centro el respeto por los familiares de las víctimas de la desaparición forzosa en dictadura y la búsqueda de verdad. Una iniciativa que surge producto del trabajo intersectorial de una mesa y profesionales comprometidos por la defensa de los derechos humanos y que establece las reglas mínimas de actuación para auxiliar a la justicia en la búsqueda e identificación de víctimas de desapariciones forzadas en dictadura”, agregó la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren, también presente.
Con esta normativa, las instituciones comprometidas emplearán el procedimiento más adecuado para fijar el lugar del hallazgo de una osamenta e identificar sus características, buscando recuperar de manera minuciosa los restos humanos encontrados, junto con las demás evidencias.
El hallazgo de un lugar de inhumación no sólo puede contribuir a la posible localización de una persona desaparecida, sino que también a determinar si se ha cometido un delito y, eventualmente, la identidad de los responsables.
Fuente: Prensa Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile
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